La Cámara de Apelaciones descalificó el primer fallo por entender que el tribunal manipuló pruebas y no aplicó el derecho vigente.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento en contra de los magistrados Martín Manuel Torres, Cecilia Beatriz Labanca y Pablo Osvaldo Busaniche, integrantes del tribunal que absolvió en primera instancia a Juan Francisco Trigatti.
La denuncia encuentra un sólido respaldo en el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones, que no sólo dio vuelta la sentencia del tribunal compuesto por Labanca, Torres y Busaniche, condenando a Trigatti a 12 años de prisión, sino que además dejó en evidencia que los magistrados se apartaron del derecho vigente y de la verdad real.
«No se trata de un error de interpretación, sino de una maniobra para dotar de aparente legalidad a una sentencia que se fundó en hechos inventados», sostiene la presentación del legislador.
Las denuncias, en las que se solicita la destitución inmediata de los jueces, no solo apuntan a una deficiente interpretación legal, sino a una conducta mucho más grave de los magistrados: la alteración voluntaria de la realidad en la causa para favorecer al imputado y derivar en la consiguiente absolución del mismo.
El pedido de jury ya se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, e incluye el pedido de suspensión preventiva a los jueces denunciados para garantizar la transparencia del proceso de enjuiciamiento.
La «ficción jurídica»
La presentación sostiene que los Jueces Labanca, Torres y Busaniche incurrieron en una manipulación fáctica deliberada. Según el escrito, los magistrados no se limitaron a valorar la prueba producida, sino que “crearon hechos inexistentes y silenciaron evidencias cruciales para sostener la absolución de Juan Francisco Trigatti”.
Los fundamentos del pedido giran en torno a dos ejes fundamentales:
• Manipulación de la prueba producida: Se acusa a los jueces de ignorar los informes médicos y psicológicos que confirmaban lesiones y traumas en las víctimas, reemplazándolos por «conjeturas personales» sin base científica.
• Construcción de falsos antecedentes: La denuncia detalla cómo los magistrados introdujeron en la sentencia hechos —que nunca fueron probados en el debate— con el único fin de desacreditar el testimonio de las víctimas y de sus familiares y de dotar de credibilidad su teoría de la existencia de una inoculación general a partir de la mediatización de las primeras denuncias.
Conductas reprochadas: arbitrariedad y crueldad
El texto presentado ante el tribunal de enjuiciamiento es claro al describir las conductas de los magistrados:
1. Invención de la «contaminación»: Los jueces sostuvieron la tesis de una «sugestión masiva» y manipulación de las niñas por parte de las familias, a pesar de que toda la prueba técnica indicaba que los relatos de las menores eran genuinos y no presentaban signos de aleccionamiento.
2. Ocultamiento de evidencia clave: Se le reprocha haber omitido deliberadamente pasajes de los testimonios brindados en Cámara Gesell que comprometían la situación del acusado como así también los informes médicos de los profesionales que examinaron a dos de las cinco víctimas.
3. Desconocimiento del interés superior del niño: La acusación subraya que los magistrados aplicaron una «crueldad inaceptable», revictimizando a las cinco niñas al forzar una realidad procesal que contradecía lo ocurrido en el juicio.