A la presentación la hizo el abobado Gabriel Luna, en representación de Enrique Alejandro “Tokiño” Díaz, ex prestador de la comuna, quien denuncia una supuesta estafa con su monotributo.
Una denuncia penal presentada en la Fiscalía de la ciudad de Vera generó fuerte repercusión en el ámbito político y administrativo del norte santafesino. El presidente comunal de La Gallareta, Fernando Nicola, fue denunciado por una presunta maniobra de estafa vinculada a la facturación de servicios mediante el régimen de monotributo.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Gabriel Luna, en representación de Enrique Alejandro “Tokiño” Díaz, un ex prestador de servicios de la comuna, quien sostiene haber sido víctima de irregularidades en el manejo de su facturación.
Según confirmó el propio letrado, la denuncia ya fue formalmente ingresada en la sede fiscal verense y se encuentra bajo el número de requisitoria 062930-26, a la espera de la asignación de un fiscal que lleve adelante la investigación correspondiente.
Diferencias millonarias en la facturación
El eje central del planteo radica en una marcada discrepancia entre los montos que Díaz asegura haber percibido y los que figuran como facturados a su nombre ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo a lo manifestado, el trabajador habría cobrado aproximadamente 7 millones de pesos por los servicios prestados. Sin embargo, en los registros oficiales del organismo tributario, la facturación atribuida a su CUIT ascendería a unos 15 millones de pesos.
Esta diferencia encendió las alarmas del denunciante, quien sostiene que nunca tuvo control directo sobre la emisión de facturas electrónicas, ya que —según su versión— dicha operatoria era gestionada por la propia administración comunal.
Carta documento sin respuesta
Previo a la instancia judicial, Díaz envió una carta documento fechada el 11 de febrero de 2026 a la Comisión Comunal de La Gallareta, encabezada por Nicola. En la misma, exigía en un plazo de 48 horas la entrega de todos los comprobantes de pago emitidos a su nombre desde el año 2018 hasta la actualidad.
En ese escrito, además, dejó constancia de una presunta maniobra irregular vinculada a su inscripción como monotributista, la cual —según relató— se habría realizado a pedido de autoridades comunales para poder facturar trabajos efectuados para la localidad.
El denunciante también anticipó en aquella notificación la posibilidad de iniciar acciones penales por estafa y/o defraudación, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria.
Documentación y sospechas
Entre la documentación aportada se incluyen registros de facturación electrónica correspondientes al período 2025, donde figuran comprobantes emitidos bajo el CUIT de Díaz por montos que, de acuerdo a su versión, no coincidirían con los pagos efectivamente recibidos.
Para la defensa, estos elementos podrían constituir indicios de una operatoria irregular sostenida en el tiempo, lo que motivó finalmente la intervención judicial.
Intervención de la justicia
El abogado Gabriel Luna sostuvo que, a su entender, el caso presenta características propias del ámbito penal. “Se trata de una irregularidad manifiesta, según lo que me describe Díaz, quien venía desarrollándose como monotributista trabajando para la comuna”, expresó.
Asimismo, detalló que tras radicar la denuncia en la fiscalía de Vera, fueron derivados a la comisaría local para ampliar la presentación, y que actualmente la causa ya se encuentra en sede fiscal.
“El expediente ya debería estar en etapa investigativa. El fiscal deberá determinar si corresponde encuadrar los hechos en una figura de estafa o defraudación, e incluso analizar la posible existencia de una asociación ilícita en caso de que hayan intervenido más personas”, indicó el letrado.
Expectativa por avances en la causa
Por el momento, no se conocieron declaraciones públicas por parte del presidente comunal Fernando Nicola ni de otros funcionarios de la administración de La Gallareta respecto a la denuncia.
Se espera que en los próximos días se produzcan avances en la causa judicial, con la asignación formal de un fiscal y el inicio de las primeras medidas investigativas, que podrían incluir la recolección de documentación, testimonios y peritajes contables.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos administrativos utilizados en la gestión comunal y pone el foco en el control de la facturación y el uso de datos fiscales de terceros, en un contexto donde la transparencia en la administración pública vuelve a estar bajo la lupa.