La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe declara su preocupación por la falta de una política pública clara sobre el rol del estado santafesino en el denominado “Consejo Federal de la Hidrovía” y cuáles serán los sectores sociales y económicos que impulsará el gobierno en torno al futuro del dragado del río Paraná frente a las costas del territorio.
Este cuerpo insta a generar una planificada acción política del gobierno provincial en torno al futuro del lugar por donde pasa el 75 por ciento de las exportaciones de la Argentina. La comercialización de los productos que surgen del campo santafesino no debe ser un secreto de mesa chica, sino una clara y transparente política del estado provincial.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El 30 de abril vencerá la licitación por la concesión del servicio de dragado y balizamiento del río Paraná, conocido como hidrovía, hoy en manos de la empresa belga Jan de Nul y su socia Emeco.
Desde 1995 a 2002, el estado nacional subsidió a estas empresas privadas a razón de 40 millones de dólares anuales, al mismo tiempo que les otorgó las dragas y los balizadores del estado, como también les dio información estratégica sobre el cauce del Paraná. Como la mayoría de las privatizaciones, la concesión del dragado del Paraná fue un negocio redondo para estas empresas: cobraba del estado y pagaba. Desde 1995 en adelante tampoco hubo un solo informe sobre el impacto ambiental de estas obras permanentes que buscan profundizar el cauce de los distintos canales del río Paraná al servicio, por sobre todas las cosas, de las empresas multinacionales a cargo de los puertos ubicados en la provincia.
En agosto de 2020, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó el llamado Consejo Federal de la Hidrovía donde anunció la constitución de una empresa estatal con el 51 por ciento de las acciones en manos del estado nacional y el resto en las provincias vinculadas, entre ellas, Santa Fe. Pero el decreto 949 desnaturalizó aquella idea de recuperar el dragado del Paraná a favor del estado y llevar la circulación de las cargas hasta el canal de Punta Indio, más cerca del Uruguay.
Un negocio que, una vez más, parece estar hecho a imagen y semejanza de los intereses de las multinacionales y, como consecuencia, reduce la participación de los estados provinciales casi al rol de organismos no gubernamentales. Para colmo no hay ninguna exposición pública del gobierno de Santa Fe sobre las intenciones, ideas y proyectos sobre los negocios que circulan por las aguas del río Paraná.
Es preocupante que el gobierno de Santa Fe mantenga un silencio prolongado sobre su participación en torno al negocio fenomenal de la hidrovía. Por estas razones les solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.