Coparticipación: a pesar de anuncio de Nación, la Ciudad denunció el incumplimiento del fallo

La disputa por los fondos de la Coparticipación Federal sumó hoy un nuevo capítulo aún cuando Nación giró los fondos a la espera de la resolución sobre la cuestión de fondo.

En medio de la disputa por los fondos de la Coparticipación Federal, el presidente Alberto Fernández anunció este lunes que instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que «reasigne» los «únicos recursos disponibles del ejercicio 2022» y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación.

«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», precisó el mandatario a través de la red social Twitter.

A pesar de ello el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta denunció hoy ante la Corte Suprema el supuesto incumplimiento del fallo sobre la coparticipación federal. “El fallo se está incumpliendo más allá de lo que se diga, seguimos con los pasos previstos”, aseguraron este lunes fuentes del gobierno porteño.

La presentación ante la Corte Suprema reclama que “se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento del fallo.

En tanto el Presidente anunció hoy que ordenó reasignar los «únicos recursos disponibles del ejercicio 2022» y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se «se utilizarán bonos TX31».

«Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», expresó el mandatario.

El mandatario puntualizó que las «políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas».

En paralelo, apuntó que el «actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento».

El mandatario planteó que «ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley».

En este punto y en línea con lo que había anticipado luego de una reunión que mantuvo con 14 gobernadores tras el fallo, el Presidente informó que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un «recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta».

«Además -precisó-, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas».

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Estado puso de relieve, asimismo, que las «decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas».

En ese contexto, aclaró que, «respetuoso del Estado de derecho», buscará «revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer».

Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en «sesiones extraordinarias» y que «prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22».

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