El culebrón que dejó la visita del “abogado” Ramón, del que se duda de su titulo de abogado e, incluso, de su apellido: Ramon, dejó varias aristas y tela para cortar en el espacio político, institucional y social de Villa Ocampo. Conforme paso el tiempo e investigaciones del orden periodístico, lograron que varios vecinos del Barrio El Progreso denunciaran complicidad – participe necesario – de dos funcionarios de Cristian Marega – Intendente – a quienes, con nombre y apellido fueron identificados como “los apretadores”, amenaza de por medio, que instigaban a pagar millones por terrenos – residentes – ante la presión ejercida por el abogado Ramón, presentándose en nombre de supuestos herederos sin exhibir un solo documento legal que acredite el reclamo ni derechos posesorios sobre los terrenos en cuestión. Recordemos que en ese barrio citado viven algo más de 100 familias, las que, en su mayoría, cuentan con boletos de compra venta que datan de las décadas del 70 y 80, en su mayoría.
Reuniones multiplicadas más allá de la frecuencia usual, el palacio municipal vive tensiones extremas e incertidumbre al borde del pánico mientras intenta bajar la espuma de una indignación generalizada con creciente proyección, conforme intentan controlarla. En la mañana de este lunes se concretaron reuniones con el bloque de concejales – bloque oficialista – que agrupo al corpus más cercano de Marega e instruyó a sus ediles en decisiones a tomar en las próximas horas. Paralelamente, se informó oficialmente que funcionarios provinciales se presentarán este martes en el palacio municipal para charlar con los vecinos intentando resolver su viejo e histórico problema consistente en irregularidades que datan desde hace no menos de 70 años – Aplicación Ley Pierri.
Nunca hubo tantas reuniones ni atención ni preocupación y mucho menos ocupación de tiempo de funcionarios dispuestos en resolver un problema dominial de vieja data e histórica. Tal vez, el mayor interés consiste en bajar la espuma de indignación de todo un barrio al verse estafados por funcionarios municipales que aún siguen en funciones.
Un Marega Cavilante escucha a asesores. Los mismos que lo arrastraron a sufrir la peor crisis políticas desde su asunción. Mescla del ineptitud proverbial y compulsiva disposición por atravesar barrera de la inmoralidad, en la que no faltan expresiones en busca de golpes de efectos, todo el cortejo municipal vive momento de desestabilizante tensión en que nadie dimensionó aún los verdaderos y nefastos resultados ulteriores.
Los antojadizos valores – morales – defendidos en discursos recurrentes de funcionario se chocan contra la realidad ante hechos de evidente corrupción denunciados e, incluso, probados con documentación presentada y acreditada habiendo sido ocultado, o en su defecto, permeabilizado en decisiones políticas que zanjaron ignorar la gravedad y dimensión que golpea fuerte a la gestión y sus funcionarios. A saber: APRECOD, Cobro de Coima en Inspectoría Municipal – Carnet de Conducir – Jueza De Falta, Intento de Estafa a todo un barrio con la participación activa de dos funcionarios municipales. Todos los casos registrados y denunciados se dieron en un período no mayor a 20 meses.
Ante la impunidad reinante y la incomprensible protección del ejecutivo otorgada a funcionarios de dudosa legitimidad y moral, los vecinos de Barrio El Progreso, emitieron un documento que fue entregado en mesa de entrada del ente municipal cuya expresión es tan contundente como innegociable:
“Asimismo, los vecinos reunidos manifestamos, por decisión consensuada y unánime, nuestra disconformidad con la continuidad de la Dra. Martinelli, integrante del equipo jurídico municipal, en los trámites de regularización dominial iniciados y por iniciarse mediante Ley Pierri. Esta postura responde a la pérdida de confianza generada por su accionar durante el desarrollo de esta situación”.
“Entre los motivos de dicha decisión, expresamos nuestra preocupación porque entendemos que su intervención habría facilitado el contacto y las actuaciones del representante legal de los herederos de la familia García Alemany, incluyendo la utilización de dependencias municipales para la atención de vecinos. Como consecuencia de ello, varios vecinos manifiestan haber recibido un trato inadecuado y haber sido intimado a realizar pagos de dineros relacionados con terrenos que consideran propios, situación que ha generado preocupación en la comunidad”.
