El Día Amaneció Con Uniformados

El despliegue en barrio Municipal –o “Pimpilandia”, en alusión al lugar donde se hizo fuerte «Pimpi” Caminos, hasta que lo mataron en 2010-, animó al ministro Pullaro: “Eran lugares donde se aguantaban armas de fuego».

Un ejército de policías y federales alteró el amanecer gris en el barrio Municipal, dispuesto a dar un golpe de efecto contra el delito. Pero con 97 allanamientos realizados, el resultado pareció rendir más para los operadores municipales que llegaron atrás a relevar las irregularidades catastrales de esos viejos fonavis, adulterados con el paso de los años. Por lo demás, fueron entre 600 y 700 uniformados que bajaron de los móviles y se dispersaron por los pasillos de Grandoli, Gutiérrez, Esteban de Luca y Alice. Terminó con una mujer detenida por un homicidio, nueve personas demoradas por causas varias, y el secuestro de cinco pistolas, una escopeta y unos 850 proyectiles de distinto calibre. El despliegue volvió a animar al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro: “Vamos a sacar a los delincuentes de los barrios”, aventuró. Su par nacional, Patricia Bullrich, vino para la ocasión y completó: “La idea es generar una zona libre de la delincuencia que intenta manejar ese barrio”.

La garúa o el whatsapp dejaron desiertas las calles del barrio antes de clarear, cuando arreciaron camiones, camionetas y patrulleros de Gendarmería Nacional, PSA, PFA, PDI, TOE y Policía Comunitaria. Los borceguíes se adentraron en el fonavi saltando charcos para cumplir casi un centenar de órdenes de allanamiento requeridas por fiscales federales y provinciales. Así empezaba el jueves en Pimpilandia. Así le llaman quienes recuerdan que ahí se hizo fuerte Roberto “Pimpi” Caminos –hasta que lo mataron en 2010– y hoy sucede su hijo Alexis, preso en Coronda.

“Esto era un lugar de muy difícil acceso, por eso se hizo así”, explicó la fiscal Viviana O’Conell, junto a sus colegas Matías Edery (también provincial) y Claudio Kishimoto (federal). El raid de allanamientos buscó representar un desafío hostil al poder de organizaciones delictivas que operan en esa zona. Alexis Camino es uno de los objetivos, aunque esté preso por el asesinato de Mariela Miranda, madre de un clan salpicado con sangre propia y ajena, los Funes. Pero la única persona detenida en firme, Cristina A., cayó por el asesinato de Cristian “Moco” Reynoso, cometido por sicarios en barrio Saladillo.

«Se secuestraron varias armas de fuego y gran cantidad de municiones. Esto nos hace pensar que eran lugares donde se aguantaban armas de fuego», conjeturó Pullaro.

Se incautaron de cuatro pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 45, una escopeta Itaka, 850 proyectiles de calibre diverso, handies y una picana. También decomisaron 70 dosis de cocaína y un par de plantas de cannabis. Y aprehendieron a nueve personas por diversas causas.

“Esto comenzó con una investigación federal muy importante que llevó adelante el fiscal Claudio Kishimoto, conjuntamente con fuerzas federales y las provinciales. Se continuará el resto de los días con distintas intervenciones. La idea es sacar a los delincuentes del barrio y detenerlos, ya sea por delitos de orden provincial o federal”, agregó.

El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, explicó que después de la redada arriban los programas estatales de vivienda, desarrollo social, educación y salud. Develó que el Servicio Público de la Vivienda tenía registro allí de 290 viviendas, pero resultaron más. “Mucha construcción irregular, cocheras y construcciones informales que deberán desarmarse. Los vecinos nos piden que no lo hagamos por única vez, que nos quedemos, y lo vamos a hacer”, contó.

Pullaro reafirmó: «Los vecinos tienen que saber que el Estado llegó para quedarse. Las fuerzas de seguridad no se irán, pero mucho menos se irán otro tipo de intervenciones que hace el Estado que apuntan a sostener y mejorar al barrio día a día”.

Bullrich llegó para el broche final en la sede de Gendarmería, en San Martín y Virasoro. Se mostró junto a Pullaro, los fiscales y el juez federal Carlos Vera Barros, quien firmó la mayoría de las órdenes de allanamiento. “Esta es una lucha para que los rosarinos vivan más tranquilos”.

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