El Norte Provincial Tiene Su Propio DNU Inconstitucional. Se Decretó La Intervención De Golondrina Y Cañada Ombú

Decretos firmados el 29 de diciembre por el gobernador Maximiliano Pullaro conforme a la intervención de dos comunas del norte provincial – Cañada Ombú / Golondrina – son violatorios de leyes provinciales – municipios y comunas – que justifican una intervención institucional a entidades cuyas comisiones y autoridades se eligieron conforme a lo establecido en ley. Una decisión repulsiva y abusiva por parte de Pullaro que subvierte el orden institucional y constitucional en la provincia por DECRETO.

La ley vigente referente a elecciones de autoridades en la provincia de Santa Fe es clara y no deja margen a segundas interpretaciones. La sociedad elije una comisión comunal y sus miembros, en forma indirecta al voto soberano, elijen sus cargos y autoridades. En ambas comunas se llevó a cabo el acto electivo y luego sus miembros internos, tal como prevé la ley, eligieron sus autoridades y miembros. No se advierte violación ALGUNA en el proceso ni reproches legales que lo justifiquen.

Si bien es cierto que quienes se proclamaron sus máximas autoridades son referentes de segundas minorías, el resultado definido no generó en ninguno de los pueblos en cuestión y citados controversias ni manifestaciones en contra de lo decidido. Lo que nos obliga a preguntar y analizar los métodos con que se ganan campañas en esos pueblos, lo que explica, la aceptación social y política de una elección interna que cambió paradigmas y legitimidad institucional.

El decreto oficial firmado por el gobernador Pullaro hace referencia a acefalías, que no son tales, dado que sus autoridades tomaron formalmente el cargo otorgado bajo legitimidad legal y política ejerciendo el mandato con sus atributos naturales. Ambas denuncias fueron presentadas, según establece el decreto, por la primera minoría, en la que ambos se negaron a reconocerse como autoridades de su propia comisión comunal. Es decir, negaron otorgar legitimidad a la comisión comunal, lugar desde donde reclaman intervención del poder ejecutivo provincial. Se advierte en su consideración institucional la aplicación una aberración jurídica propia de la NEGACIÓN de la existencia de leyes vigentes.

El ex presidente comunal de Golondrina, no solo no firmó su integridad a la nueva comisión comunal soberanamente elegida por el mandato popular, sino, que fue denunciado por tener bajo su responsabilidad y en su propia casa, camones, acoplados, tractores y otros utensilios pertenecientes al erario público, que incluso, aún hoy siguen bajo su poder burlando violatoriamente leyes que protegen el patrimonio público de manera flagrante. No parece que los custodios del orden publico les haya llamado la atención esta singular situación que en Golondrina es una conducta cotidiana y naturalizada desde años.

Asesores legales de Diego Baez, el lunes a primera hora harán presentación formal de un recurso de amparo ante los tribunales de Vera rechazando la anunciada intervención provincial al mismo tiempo que los términos de los decretos por considerar un abuso de poder por parte del ejecutivo, en el que se juzga de irregular una situación que respetó los procesos, protocolos y preceptos legales de normativas en clara vigencia y aplicación.

El primero antecedente de tal interpretación, única posible, es un proyecto del diputado “Chiqui” Rojas, que entiendo que la ley tiene fisuras y permite a instancias de su voto indirecto poder elegir a cualquier miembro de la comisión consagrado soberano en ella. Si la ley debe ser cambiada para evitar sorpresas, claramente, la intención legislativa de la provincia es reformar una ley que esta en vigencia y debe ser cambiada. Es ilógico condenar y arbitrar la aplicación de una intervención juzgando ilegítimo un acto institucional que se consumó respetando los términos legales y previstos, solo porque a Pullaro no les gustó el resultado.

Resulta a todos luces arbitrario, abusivo y subvertido en términos institucionales y legales una intervención cuya intencionalidad responde solo a un capricho partidario a instancia de la aplicación política sesgada bajo los términos de un decreto violatorio pisando una ley vigente y una normativa institucional.

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