«La provincia no hizo ningún tipo de modificación de alícuotas», sostuvo Martín Ávalos, titular de la Administración Provincial de Impuestos. Lo anuncia como si fuera un mérito. Cree, sin dudas de buena fe, que no cobrarle a nadie más impuestos está bien. Es una triste matriz en la que tanto los gobiernos del Frente Progresista como del Justicialismo repiten desde hace casi veinte años. Resignación de la política ante los poderosos que concentran riquezas en pocas manos.
Por eso crece la desigualdad y la violencia en el segundo estado argentino. Por eso se ha multiplicado por seis la deuda pública en los últimos cinco años. Por eso la provincia necesita que el 63 por ciento de sus ingresos venga del gobierno nacional. Por eso, todos los años, se repite que la frazada corta no alcanza para todos. Esta es la madre de todos los errores que luego pagan las familias santafesinas.
Mientras que las exportadoras facturan millones de dólares y no pagan nada en concepto de exportación; mientras que los grandes bancos ganan millones de dólares y pagan igual que un kiosko; mientras que los grandes latifundios de miles de hectáreas paga igual que un chacarero de veinte hectáreas; mientras que los propietarios de más de cinco departamentos pagan lo mismo que los inquilinos; mientras que el 10 por ciento que tiene más ingreso en la provincia supera veinte veces el ingreso del 10 por ciento que sobrevive en el subsuelo de la provincia; mientras que la desocupación aumenta hasta tres veces como sucedió en el Gran Santa Fe; mientras que se quiere imponer el costo del agua y la electricidad; mientras todo eso ocurre, los funcionarios como Ávalos se enorgullecen diciendo que en la provincia no hay aumentos impositivos.
Es obsceno. Porque mientras lo que más tienen menos pagan, las grandes mayorías santafesinas reclaman que, alguna vez, se imponga la lógica mínima que supone que los que más tienen más paguen en el segundo territorio de la República Argentina.
Por Carlos Del Frade.