La nómina de causas por violación que imprimen irregularidades en sus instrucciones, muchas de las cuales, de carácter aberrantes, suman carpetas y expedientes que podría fácilmente haberse acreditado metros cuadrados de estantes y depósitos de enormes dimensiones. Las actuaciones de Gerosa como la anuencia de Martínez frente a casos que toman estado público los expone ante la opinión pública, como ante organismos de controles jurídicos inmediatos y legislativos. Su Majestad La Justicia juzgada ya en su propia superchería y anacrónica ordalía.
Desde el escandaloso caso Galaz que, frente a requerimiento de la prensa televisiva, radial y escrita, Rubén Martínez dejó en claro que el piné de hábil declarante lo deja al borde de ponerse las esposas antes que el propio oficial que lo custodiara. De hecho, a Martínez lo asiste como más eficaz y univoco defensor su propio silencio. Las aviesas conjeturas, al menos, no declaran en su contra con ajena perspicacia.
Una tercera denuncia que ingresa a distintos estamentos de control sobre el accionar del MPA – esta vez en Fiscalía General – ubican a Martínez como responsable directo de otra escandalosa causa por violación a dos menores que en los tres años que instruyó el proceso no se advierte avance alguno. De hecho, tres decisiones importantes se realizaron en esos años: la imputación al victimario; la cámara Gesell de ambas niñas y la resolución de Martínez en dejar en libertad sin aplicar una mínima restricción. El advenimiento de Gerosa, proceso en el que, bien se podría entender que el nuevo fiscal y perteneciente a la Unidad de Violencia de Genero haya leído o mostrado un mínimo interés en el proceso. No se advierten, no obstante, avaneces en la causa en los 7 año que llevan esperando justicia por parte de ambos fiscales, dos menores de edad, que al tiempo de las denuncias no tenían mas de 12 años.
En una nota radial guionada y pautada, Martínez dice ser objeto de maniobras maledicentes que registran animosidad contra su persona. Ubica al abogado patrocinante de la denunciante – ex fiscal – como su enemigo y, a la denuncia, como farsa mediática que intenta descalificar en su infausto relato. Siendo Martínez el fiscal de la causa, no habiendo avances en una causa que lleva 7 años sin fecha aún de juicio y habiendo perdido valoración y veracidad las pocas pruebas reclutadas, es de suponer que el objeto de la denuncia es el responsable de la Instrucción. No quedan muchas alternativas conforme a identificar otro responsable que no sea, necesariamente, Rubén Martínez.
Molesto por lo que calificó de “Fake News” – falsa denuncia – Martínez explica y califica el título de dos notas periodísticas de “engañosas”: la titular de Fiscalía General apartó de la referida causa a Martínez y la misma doctora María Cecilia Vranicich, solicita se investigue el accionar de fiscal a la propia Comisión de Acuerdos de la legislatura de la provincia solicitando intervención de otro estamentos de control: Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. Es difícil explicar una Fake News con tantas firmas de profesionales del derecho, además, titulares de Estamentos de instancias superiores tanto del propio poder judicial como el inevitable arribo de esta causa a la Comisión de Acuerdos de Legislatura santafesina.
Su explicación del poco o nulo avance de la causa recorrió intrincadas marañas de estadísticas con números tirados al boleo y grandilocuentes en la que el fiscal en cuestión señaló la imperiosa necesidad de establecer prioridades que, “sujetas a visitas y reclamos de las víctimas”, las causas podrían obtener otras valoraciones prioritarias y pasar a ocupar consideraciones de primer orden, según las visitas de víctimas que Mesa de Entrada registre ¿…?
“Las victimas nunca vinieron a reclamar o preguntar sobre el avance de esta causa”, explicó Martínez buceando en un delirio mítico consagrando ya la Sesión Aurea de la tarde, desprendida de una miserable alocución con que intentaba calmar la fingida e inquisidora ansiedad del periodista que lo abordaba.
Fiscalía Reconquista y toda su zona de influencia reclama ya una urgente intervención de la propia Corte Suprema, no solo ante el inagotable cúmulo y estridentes escándalos que al pie de reiteradas denuncias son respondida con la tajante necesidad de investigar y/o apartar a fiscales o suspenderlos. De soslayo y antes desventuras dialécticas, per se, suman las enajenadas declaraciones públicas de los propios personeros e investigados – Jefe de Fiscales -, que exhiben desnuda a su Majestad La Justicia juzgada ya en su propia superchería y anacrónica ordalía.