La doble moral, prejuicios y estándares medievales atraviesan, al parecer, a varios integrantes que conforman la comisión comunal de la localidad de Hardy. Victoria Solange Toledo, se vio envuelta en singulares prejuicio al deber abandonar su cargo administrativo que desempeño en la comuna de Hardy por tres días consecutivos. Según expuso en una denuncia policial, vivió momentos desagradables luego de comentarios hostigantés que terminaron en la amenaza y presentación de renuncias de integrantes de la comisión, so color de presión ejercidas al presidente comunal, Manuel Stechina.
Juan Carlos Ibarra – Tesorero -. Sonia Morzan – Revisora de Cuenta -. Nidia Roberts – Vice Presidente Comunal –, y Marcelo Bariz – Obra Pública -, amenazaron con renunciar al cargo y vaciar de poder la institución; de hecho, Morzan, – Revisora de Cuenta -, no solo presentó su renuncia, sino, fue aceptada por la singular comisión comunal. Horas luego del alejamiento de Toledo, volvió a reclamar el cargo a la comisión que hubo de aceptar su renuncia horas antes. Lo absurdo, es que fue reintegrada al cargo al que Morzan había dimitido por “razones personales”.
En la Argentina, existen leyes fundamentales que protegen la identidad de género, garantizan la diversidad sexual y condenan la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o de género. De hecho, existe un cupo – Trans – que garantiza vacantes laborales en estamentos del estado en todos sus regímenes y categorías.
1. Ley de Identidad de Género (Ley Nº 26.743)
Sancionada en 2012, la Ley Nº 26.743 es pionera a nivel mundial. Garantiza el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género autopercibida, al libre desarrollo de su persona y a recibir un trato digno.
2. Normativas contra el Abuso, la Violencia y la Discriminación
Aunque la Ley Antidiscriminatoria Nacional (Ley 23.592) data de 1988 y no detalla explícitamente los términos «orientación sexual» o «identidad de género» a nivel federal, el ordenamiento jurídico penaliza y previene estas conductas mediante otras herramientas legales y fallos judiciales:
• Código Civil y Comercial de la Nación: Establece principios de no discriminación y protege las uniones convivenciales sin distinción de sexo u orientación sexual.
• Ley de Matrimonio Igualitario (Ley Nº 26.618): Modificó el Código Civil en 2010 para garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, resguardando la igualdad jurídica.
• Ley Micaela (Ley Nº 27.499): Establece la capacitación obligatoria en género y diversidad para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, buscando erradicar conductas machistas, abusos y discriminación desde el sector público.
• Leyes Provinciales de Convivencia y Ámbitos Escolares: Diversas jurisdicciones cuentan con normas específicas. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires aplica la Ley 6.027, enfocada en la promoción y resguardo de espacios libres de discriminación o violencia por motivos de género, identidad de género u orientación sexual, combatiendo directamente el acoso escolar.
3. Marco Internacional con Rango Constitucional
La protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género se respalda fuertemente en los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 22), tales como el Pacto de San José de Costa Rica y la convención CEDAW. A nivel internacional, las directrices se complementan con los Principios de Yogyakarta, que delinean la aplicación de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
Luego de estos avances legales y convenciones sociales logradas y conquistadas, queda muy lejos en el tiempo actitudes rayas que expliquen en la actualidad actos o actitudes discriminatorias en cualquier foro social, y más aún, en foros labores tales como fuente de sustento y desarrollo personal/familiar de personas que se perciban pertenecientes a un sexo desde cuyas preferencias sexuales alguien pueda cuestionar o reprochar.
Hardy, desde el momento en que fue declara comuna, su comisión e integrantes, vienen sorteando escándalos, irregularidades y muestras de poder – abuso – sobre el personal y escasa participación de las instituciones de la localidad y nula colaboración social. El poder, desde un comienzo, fue cooptado por personeros pocos recomendables cuyos privilegios se mantienen intacto y custodiado por las más rancias rémoras abolengas.