El vergonzoso caso obliga a explicar muy bien la decisión, caso contrario, este hecho señala como corrupto al sistema judicial santafesino y todo con la complicidad del poder legislativo.
Hasta el momento, todo se resume en que la ya exfiscal fue destituída por denunciar al fiscal general de la 5ª circunscripción, Carlos Vottero.
Es muy difícil de argumentar otra cosa que la destitución no es consecuencia de un férreo impulso por disciplinar a Tomasso, quien tuvo la «osadía» de denunciar a Vottero.
De ser así, institucionalmente Santa Fe ingresa al hediondo fango de corruptelas que muestran al sistema judicial alejado de las necesarias garantías que debiera preservar para la ciudadanía. Aparecen fuertes indicios de que el poder político subordina al Poder Judicial y lo utiliza para hostigar y disciplinar a aquellos que no se subordinan a mandatos mesiánicos. De esto, a la bosta totalitaria y corrupta que mantiene Insfrán en Formosa desde hace décadas, existe un solo paso.
Debe existir una profunda reflexión. Si este caso no se aclara como corresponde, la va a mostrar de por vida a toda Santa Fe como un chiquero totalitario; del cual luego es difícil volver.
Finalmente destituyeron a la fiscal Shirli Tomasso que se desempeñaba en el MPA de Tostado; la misma que desde hacía más de un año tenía los pliegos aprobados de manera unánime por la Asamblea Legislativa para ser jueza penal de Rafaela. Pero de manera muy sospechosa, su nombramiento nunca se concretó. Nunca nadie explicó esto como correspondería. ¿Quién tomó la decisión de demorar y dormir su designación en los tribunales de Rafaela? ¿Quieren poner a otro en su lugar y buscaron una excusa para rajar a Tomasso de la justicia provincial?
Mucho antes de que comenzara toda esta historia, el 25 de septiembre de 2025, la Asamblea Legislativa prestó acuerdo (por unanimidad, con la abstención del bloque de Fabián Palo Oliver) para que Tomasso asumiera como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal en los tribunales de Rafaela. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca firmó el decreto correspondiente para formalizar su asunción, a pesar de haber avanzado con los demás pliegos aprobados en esa misma sesión.
Es acá donde comienza a instalarse el problema ya que el Ejecutivo provincial firmó todos los decretos del acuerdo, menos el de Tomasso. También aparece aquí otro personaje del Departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, que anida de manera lastimosa desde hace «siglos» en el Senado provincial. Mucho tiempo antes de la destitución de la exfiscal Shirli Tomasso, el legislador Gramajo había manifestado públicamente que le pediría al gobernador Pullaro que frenara la firma de los decretos de traslado de los fiscales que dejarían Tostado hasta que se designaran reemplazantes. ¿Este hecho fue el causante de que no se firmara el decreto para designar a Tomasso en Rafaela, o la primera piedra para comenzar a armar acusaciones en su contra y así tener las excusas para alejarla del sistema?
En febrero de 2026, mientras la funcionaria rafaelina se desempeñaba como fiscal adjunta en Tostado, Tomasso denunció a su superior jerárquico, el fiscal regional de la 5ª Circunscripción Carlos Vottero, por presunta violencia laboral, hostigamiento y discriminación de género. Poco más de un mes después, en marzo de 2026, se promovió una denuncia disciplinaria en su contra, la misma que finalmente decantó en su destitución.
Todo terminó días atrás, el 19 de noviembre, cuando la misma Legislatura que había avalado su ascenso resolvió removerla de su cargo dentro del MPA por mal desempeño funcional -con 14 votos en el Senado y 30 en Diputados- e inhabilitarla por 10 años para ocupar cargos o acercarse a dependencias del organismo.
Las excusas para tratar de fundamentar la sanción, incluyen presuntas demoras y falta de diligencias en 37 investigaciones penales en Tostado (35 por abuso sexual y 2 por homicidios). En todas ellas, la exfiscal argumentó de manera razonable su defensa para evitar ser señalada como incompetente en el proceso.
Por último, tanto Tomasso como los diputados que votaron en contra de la remoción de la misma, cuestionaron la medida tomada por la Asamblea Legislativa, señalando el colapso operativo de la fiscalía del norte santafesino por distintos motivos e indicando que la destitución es consecuencia de una posible represalia tras la denuncia de Tomasso contra el fiscal Vottero.
Tremendo antecedente judicial e institucional para toda Santa Fe. El tiempo pasará y nadie aclarará lo que realmente motivó la iniciativa de rajar a la ya exfiscal del MPA. Si es que no aparecen fundamentos serios para esta decisión legislativa, las sospechas de una enorme corrupción judicial enquistada en el sistema, jamás podrán ser desestimadas seriamente.