Juntos por el Cambio repudió la «desobediencia» del fallo que dictó la Corte Suprema a favor de Ciudad

Desde Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado para defender el giro de 180 mil millones de pesos adicionales a la Ciudad, su principal bastión electoral y el distrito más rico del país.

Los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio emitieron un comunicado conjunto en el cual repudian «la desobediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», luego de que el Gobierno nacional anticipara que presentará un recurso ante el máximo tribunal por tratarse de una resolución de «imposible cumplimiento» la de incrementar el porcentaje de fondos coparticipables destinado a la ciudad de Buenos Aires.

«Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», comienza el texto dado a conocer esta mañana por Juntos por el Cambio.

«No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa», plantearon los integrantes de la principal coalición opositora en el comunicado.

Asimismo, señalaron que «la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos».

Además, expresaron que «el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones».

Tras una reunión que mantuvo ayer con 14 gobernadores, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

La resolución de la Corte Suprema fue en respuesta a una demanda presentada por Horacio Rodríguez Larreta a raíz del redireccionamiento de los fondos determinado en 2020 por el Gobierno nacional en función de un aumento en la masa coparticipable para la ciudad de Buenos Aires que había sido dispuesta durante la gestión de Mauricio Macri por decreto.

«No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina», finaliza el texto difundido.

Al anunciar la decisión de recurrir el fallo de la Corte, el Gobierno señaló que se trata de «un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento» en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, «sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95%».

«Es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Ejecutivo en el comunicado firmado por el Presidente y por los gobernadores.

Alberto Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso «se deben cumplir» y añadió que la norma en cuestión -sobre la que se funda el porcentaje de coparticipación hoy vigente- «no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad».

Desde la oposición, Elisa Carrió anunció que presentará una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo que «no acaten» el fallo dictado por la Corte Suprema por «alzamiento, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La denuncia -según anticipó- la realizará junto al presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López; y legisladores nacionales y porteños del espacio.

En tanto, el ex presidente Mauricio Macri expresó por redes sociales que «el presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia» y afirmó que «no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado».

Además, planteó que «las sentencias no se discuten» sino que «se cumplen», y opinó que «la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía».

En tanto desde las entidades patronales se sumaron a estos repudios, y La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó «su honda preocupación por la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional» luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

«La sociedad no puede permitir estos atropellos que deterioran la calidad institucional de un país y afectan a la democracia atentando contra la Constitución. Solicitamos al Poder Ejecutivo que recapacite sobre la decisión e instamos a que se respeten las decisiones tomadas por cada uno de los Poderes», indicaron a través de un comunicado.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) indicó que «sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, la CAC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional».

El Foro de Convergencia Empresarial insistió «en la necesidad de fortalecer la calidad institucional como condición indispensable para que haya inversiones en la cantidad y de la calidad que se requieren para generar actividad económica, crear empleo digno, y comenzar a erradicar el flagelo de la pobreza».

Desde IDEA afirmaron que «el respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo».

«El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional», remarcaron.

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