Justicia, Fiscalía Y Vicentin: La Matriz Corrupta Que Se Culturizó En El Norte

El norte provincial, ya no olvidado, desde siempre fue atravesado y controlados por monopolios del poder fáctico e intereses de minorías – fácticas – que sometieron a mayorías excluidas, compradas, e incluso, sectores sociales e institucionales que no fueron ni son alcanzadas por la triste suspicacia y/o sospechas. Ya no importa. Sucesos perfilados que emergen de la más triste desvergüenza, enarbolaron masivas movilizaciones identificadas con blasones coloquiales tales como “Todos Somos Vicentin”.

La mayor estafa nacional concretada por una empresa de elite anclada en el norte provincial es responsable, per se, de un desfalco a proveedores, productores y banca nacional por un valor que asciende a 1400 millones de dólares. Para defender su integridad se cortaron rutas instruidos en perfiles político con miras electoralistas. La tierra senatorial de Avellaneda devengó de su accionar alzándose con dignidades nacionales al ocupar, su hijo dilecto, una banca en la cámara alta de la nación.

Capítulo engarzado incorpora la justicia del norte provincial y su funcionalidad a instancia de MPA – Fiscalía – cuyos fallos, en abusos de abreviados, se benefició a imputados por flagrantes violaciones – confesos – tras evidente tráfico de influencia y presiones que surgen del orden político. En el caso Vicentin se movilizó a un pueblo y, ante fallos judiciales – instancias de abreviados -, que sentaron en el banquillo de los acusados al fiscal protegido, es reiterativo el nombre que identifica al senador provincial por Obligado, Orfilio Marcon.

“No existen malas o interpretaciones deformadas de leyes vigentes. La Corte Suprema garantiza la constitucionalidad de una ley y su aplicación. En ambos casos en que el fiscal suspendido y nuevamente investigado por una segunda causa en La Comisión de Acuerdo – Aldo Gerosa – tiene una matriz claramente definida. Pidió 31 años para Marcelo Galaz del mismo modo que pidió 17 años para el imputado de esta causa que La Comisión referida investigará; en ambos casos se reduce a abreviados a los que se le quita la acusación mas fuerte para facilitarle, en un caso, a una mínima condena – 7 años – y en el segundo caso, se le aplica 3 años en suspenso. En ambos casos el imputado adopta su carácter confeso al igual que en ambos casos, aparecen figuras del orden político en las causas. En el primero por dichos del propio Gerosa y en la segunda causa, fue denunciado por la propia madre de la victima que, es bueno recordar, fue imputada como participe secundaria por Gerosa en la instrucción antes que el propio imputado. Es decir, lo único que esta claro es la impunidad que ciertos sectores gozan con una administración de Justicia que merece interpelación no solo aplicando resortes del estado que debe investigar, sino, de la sociedad toda”, explicó el diputado Fabian “Palo” Oliver en conferencia de prensa junto a Carlos Del Frade, ambos pertenecientes a un espacio político provincial.

El jueves 18 del corriente se reunirá la Comisión de Acuerdo abocada al caso Gerosa – Segunda denuncia – donde se elevará los términos del expediente a Auditoria General del MPA en la provincia – Leandro Mai –. sumando un segundo pedido que alcanzará al Senador Marcon, impidiendo que pueda votar el o los despachos de comisión cuyos dictámenes rubrique la Comisión de Acuerdo de ambas Cámaras Legislativas.

“Su involucramiento en el caso Galaz lo admite el propio Marcon y audios del propio Gerosa cuenta de charlas y planteos que Gerosa le hace a Marcon respecto de la posibilidad de ser beneficiado con un Juzgado y sus reclamos respectos de los concursos en que Gerosa participó. Ese solo hecho debió haber sido el detonante para que Gerosa sea expulsado de fiscalía. En cualquier democracia seria, él mismo ante esos hechos demostrados debió haber renunciado. Todos sabemos que no fue así y en esta instancia se volverá a investigar a Gerosa en otra causa cuya matriz es calcada en ambos casos”, afirmó Oliver.

La investigación sobre el accionar de fiscales que no solo pone el foco sobre quien cumplía responsabilidades específicas atendiendo casos de violación, interpela ya a las bases piramidales del MPA que involucra al propio jefe de fiscales regional, Rubén Martínez. Los abroquelamientos y venta de influencia destinado a la reserva de toda información sustancial evitando penas ejemplares ante casos de extrema impunidad no soslaya el intento de naturalización con que se culturizan los procesos destinados a fortalecer dinásticas prosapias que han puesto de rodillas a las instituciones democráticas utilizando actores políticos como alfiles y torres en un tablero maléfico y estructurado destinado a pervivir en los tiempos.