La concejal Trasn Zaira Aranda – ganadora absoluta de la ultima campaña electoral de Romang – desde la asunción como Edil enfrentó acusaciones por incompatibilidad tras su cargo de vice jefa en ANSES. En estas horas el senador del San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, denunció la existencia de una Asociación Civil “Innovación Social” donde Aranda recibió 30 millones en el 2023 sin que se conozca rendiciones de los dineros públicos, según datos publicado en un medio radial.
Zaira Aranda, concejal trans de la ciudad de Romang, quien luego de haber sido despedida como vice jefa de la terminal de ANSES San Javier, pudo regularizar su incompatibilidad en el recinto deliberativo de la ciudad romance, volvió a estar en la palestra de la opinión publica al ser denunciada en un medio radial de la localidad por ser titular de una Asociación Civil identificada con el nombre “Innovación Social” que en el año 2023 recibió, según datos administrativos, 30 millones de cuentas que corresponden al ministerio de Acción Social de la provincia. La información oficial suministrada por el Senador Dolzani indica que el mes en curso “cobrará su último desembolso”.
Las acusaciones generaron conmoción en la pequeña localidad de la costa sin entenderse en claro cuál fue el delito cometido por la Concejal y la ONG que controla. No se conocía la existencia de la asociación en cuestión, como tampoco si existen rendiciones sobre el uso de esos fondos, que a prima facie, resultan abultados para una Asociación Civil manejada en aquel momento solo por una dirigente política.
Intento ser esclarecedor la intervención de su jefe político de la región costera al indicar que, si la asociación recibía fondos del ministerio, “las rendiciones deben estar en orden”. Lo raro del tema es que consignó al aire en un medio radial de la localidad que “no tenia información de la existencia de esa asociación civil” y mucho menos que era controlada por la actual Concejal Aranda, entonces, solo militante y candidata.
Según el informe periodístico, la Asociación no recibirá mas fondos sin establecer qué reglamentación o exigencia legal o administrativa violó la ONG en cuestión. La irregularidad, que jamás quedo claro cuál es, determinará, según el propio senador Dolzani, el final de la recepción de los fondos. No existe informes oficiales administrativos que haya faltada rendiciones a la provincia respecto de su funcionalidad ni denuncias sobre malversación de fondos. La acusación formal solo se reduce a tal Asociación no estaba en el colectivo social de la región.