Ante denuncias que se viralizaron en redes sociales sobre el estado terminal en el que se encuentra un establecimiento educativo de la localidad de Tacuarendí, atento a que su ex director, Luis Masin, evitó informar a las autoridades superiores, la directora Regional de Educación insultó a los padres y cooperadores por considerar inapropiado denunciar y reclamar un hecho que pudo haber terminado en tragedia. El ex director, Musín, no solo desaconsejó informar, sino, se proclamó tesorero de la comisión transgrediendo protocolos y estatutos que lo prohíben. Escobar evitó dar precisiones sobre las manifiestas irregularidades que la institución presenta.
El edificio en cuestión, Escuela 562 de la localidad de Tacuarendi, su edificio y mampostería se encuentra en estado terminal y pone en serio riesgo la integridad de su personal incluido el conjunto del alumnado que concurre a diario. Padres y cooperadores denunciaron la situación que por gestión de algunos colegas – periodistas – se logró que la Directora Regional de Educación, Profesora Escobar, se haga presente en su constatación in situ del viejo y seriamente deteriorado edificio.
Como respuestas por parte del estado – ministerio -, los padres recibieron una reprimenda que rozó los insultos por parte de Escobar imputándoles el hecho de haber viralizado y hacer público el estado que la funcionaria acababa de constatar.
La incomprensible actitud de Escobar se contrapone con una situación que lleva años de irregularidad que todo el sistema de control de educación no parece haber advertido conveniente y particularmente. Quien se desempeñaba como director del establecimiento, ante los públicos hechos, Luis Musín, solicitó su traslado al tiempo que también se desempeñaba como TESORERO de la Comisión Cooperadora del mismo establecimiento y según adelantaron los padres, les tenía prohibido elevar notas de denuncia “sobre el estado actual del edificio”.
También se señaló que desaconsejaba llamar a renovar las autoridades cooperadoras, situación que evitó que se renovara tal y como establece el estatuto escolar permaneciendo él ocupando el cargo de TESORERO desde el primer momento en que se hizo cargo paralelamente como director del establecimiento en cuestión.
Es poco probable que las autoridades educativas de la región que incluye supervisores regionales no hayan advertido de la suspicaz situación irregular que ostenta la comisión cooperadora donde el mismo director incurre en una anormalidad manifiesta y claramente sospechosa ¿nos preguntamos qué sucedería si se lleva adelante una denuncia penal que acredite una auditoría contable y arroje resultados no esperado en el manejo de la contabilidad de fondos que pasaron por la comisión cooperadora donde el mismo director se acreditaba como tesorero? Tal situación está prohibida por ley.
Lo cierto es que aún, desde el ministerio, no se resolvió dónde se dictará clases en los próximos días dado el estado lapidario y peligroso que presenta el viejo edificio escolar. Tampoco se sabe que se resolvió desde el ministerio de la provincia conforme al futuro de la entidad y su declaratoria en establecer la imposibilidad de ingreso al establecimiento atento a la peligrosidad que se advierte en su interior.
La modalidad de desaconsejar la denuncia e imputar a quienes lo hacen forma parte de una dinámica de las autoridades regionales que dependen de distintos ministerios de la provincia utilizados hasta la exacerbación. Es recurrente que ante hechos de similares característica en la que se advierte irregularidades y sospecha de corrupción la región se haga presente y antes de facilitar respuestas pone como contraparte a cualquier acuerdo posible la negativa de dar a conocer y/o hablar con la prensa atento a la necesidad de imposibilitar que la sociedad advierta sobre temas que son recurrentemente públicos y merecen la consideración de su estado. Lo sucedido en Tacuarendí no escapa a la dinámica en la que autoridades ministeriales solo intenta tapar con el dedo pulgar lo que el sol muestra a diario.