La madrugada del viernes fue testigo de un nuevo golpe a la calma en La Gallareta. Dos mujeres, conocidas en el barrio y protagonistas de recientes peleas en la vía pública, ingresaron a un pequeño comercio en calle San Martín y, ante la mirada atónita de algunos vecinos, cometieron un robo sin disimulo alguno. Este hecho no es solo un episodio aislado, sino producto de un problema mucho más profundo que enfrenta a diario la comunidad.
El viernes cuando promediaba la mañana, el presidente comunal, Fernando Nicola, aparecía en una entrevista radial afirmando que la situación de inseguridad estaba «controlada» gracias a las medidas de mano dura impulsadas desde su gestión. Sin embargo, estas declaraciones se dieron en un contexto contradictorio, ya que el pequeño comercio había sido nuevamente blanco de la delincuencia solo horas antes. El negocio, propiedad de un jubilado que lo construyó a base de esfuerzo y dedicación, se ha convertido en una víctima recurrente, símbolo de la fragilidad que sienten los comerciantes en el pueblo.
El peso de la desigualdad
La Gallareta, como tantas otras localidades del departamento Vera, no solo enfrenta la amenaza de la delincuencia, sino también un desgaste emocional y social que afecta a sus habitantes. En cada esquina, los murmullos de preocupación e indignación crecen, mientras muchos se preguntan si la respuesta de las autoridades es suficiente o si existe un interés genuino por proteger a quienes sienten que la seguridad es un privilegio esquivo.
Este contexto de inseguridad, que afecta a todos, se agrava por la percepción de que los implicados en los delitos cuentan con cierto grado de protección política. Los rumores de connivencia entre la policía local y sectores de poder no ayudan a calmar los ánimos y generan un sentimiento de desamparo entre los vecinos, quienes se ven obligados a vivir con el temor de que los responsables de los robos y conflictos continúen libres.
Una comunidad vulnerable
El efecto de estos hechos no se limita solo a las pérdidas materiales. La confianza en las autoridades y en las instituciones locales se ve profundamente dañada, y con ello, el tejido social que permite que la comunidad prospere. Para aquellos que han sido víctimas, especialmente los más vulnerables, la delincuencia representa una amenaza directa a sus sueños y logros, como en el caso del comerciante jubilado que continúa apostando por su negocio a pesar de las adversidades.
La falta de un plan claro de acción que abarque tanto la prevención como la intervención en situaciones de violencia e inseguridad no solo refleja una carencia estructural, sino también una desconexión entre las necesidades reales de la comunidad y las prioridades políticas. Mientras tanto, los jóvenes implicados en episodios violentos, como el robo de un arma a un policía y los disparos que sembraron el terror en la localidad, parecen moverse libremente sin consecuencias visibles.