Son normativas sobre niños y adolescentes con TDAH, personas mayores, control de la diabetes y tecnologías sanitarias. En algunos casos son correcciones parciales y en otros bloqueos totales. Forman parte de un paquete aprobado en la Legislatura a fines de noviembre.
El gobernador Miguel Lifschitz firmó el 21 de diciembre pasado cuatro decretos, a los que accedió Diario Santa Fe, que contienen vetos totales o parciales a leyes referidas a temáticas de Salud que fueron aprobadas en la Legislatura el 29 de noviembre, en el cierre del período de sesiones ordinarias.
Uno de los casos es el de la creación del Sistema de Protección Integral para niños y adolescentes que padecen Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad (TDAH). La normativa disponía en su artículo 6° que la Autoridad de Aplicación (los ministerios de Salud y Educación) tenía entre sus funciones la “prevención, detección precoz, atención, orientación y tratamiento gratuito a los niños y adolescentes que padecen TDAH” y “poner a disposición el tratamiento profesional y/o medicamentoso de acuerdo a la terapia prescripta”. Estos dos aspectos figuraban en los artículos a) y e), que fueron vetados, ya que la cartera sanitaria “entiende conveniente otorgar las prestaciones previstas en la ley, sólo a aquellos niños y adolescentes que no cuenten con otra cobertura social”, según se lee en los considerandos del decreto N° 4170.
La otra ley que fue corregida es la de Promoción y Protección Integral de las Personas Mayores. De acuerdo a la perspectiva oficial, que se expone en el decreto N° 4131, la Autoridad de Aplicación no puede ser el ministerio de Salud porque “implica un retroceso en lo que respecta a la concepción actual de la vejez, la cual es considerada como un proceso biológico, psicológico, fisiológico y social, y que ha encontrado recepción en los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional”. Por ese motivo, se le otorga esa responsabilidad a la cartera de Desarrollo Social.
Las dos leyes restantes que recibieron el veto del gobernador fueron directamente a la guillotina. Es lo que le ocurrió a la creación de la Agencia Santafesina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ASETS). Para el gobierno, según el decreto N° 4129, las funciones de ese organismo “se encuentran ya contempladas en la Dirección Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria como en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud”, lo cual “implicaría una superposición de funciones, y una generación de estructuras redundantes que no cumplirían con los objetivos de la misma”, amén de que “se corre el riesgo de perder uniformidad en la evaluación” y ello “e implicaría perder de vista una de las sus bases, que es el análisis de las tecnologías en base a la evidencia científica”.
También pasó a mejor vida la normativa cuyo texto disponía que “los establecimientos de producción, fabricación o manufactura de productos alimenticios deberían colocar de manera legible en la información nutricional de las etiquetas, envases y envoltorios de cada producto alimenticio, los porcentajes correspondientes al valor de índice Glucémico (IG) que contienen”. En el decreto N° 4130, Lifschitz y su ministro Pablo Farías advierten que la facultad del Ejecutivo provincial se restringirá a los alimentos elaborados dentro de nuestra provincia no pudiendo extenderse a los elaborados en otras provincias que se comercialicen en Santa Fe, lo que resta eficacia a los objetivos buscados”. Consideran también que el indicador “no cumple” como “estrategia de información masiva”. Y precisan que ese número “no es determinado únicamente por el alimento en sí, sino que varía considerablemente en relación a características extrínsecas al mismo: la forma del alimento (trozos grandes o pequeños), la textura (al dente o pasado), la temperatura a la que se ingiere, el agregado de otros nutrientes (salsa rica en grasas, por ejemplo), el tiempo de cocción y de masticación, el volumen del contenido gástrico y otros factores que lo modifican sensiblemente”.