A pesar de la declaratoria de emergencia hídrica en la provincia, un millar de huerteros – 250 familias -, pescadores, y pequeños productores pertenecientes a la economía social, no están considerados en los estándares exigibles conforme a recibir ayuda destinado a resarcir las pérdidas de su producción ahogada por las abundantes lluvias. “No tenemos títulos de las tierras que ocupamos y no estamos en las mejores de ella. Hay una ley aprobada en el 2014 – 27118 Reparación Histórica De La Agricultura Familiar – que de aplicarse, nos permitiría ser parte de los asistidos que la gestión socialistas jamás consideró ponerla en vigencia”, señaló José Luis Castillo, dirigente del movimiento campesino e indígena del norte provincial.
En una primera reunión llevada a cabo en el Centro Comercial de Villa Ocampo ante la presencia del Senador Marcón, intendente Paduan y legisladores de la zona, en la que se pretendió avanzar en un empadronamiento de afectados por las inclemencias climáticas adversas solo estaban considerados grandes productores del norte provincial en cuyos reclamos solo se pedía créditos blandos a bajas tasas de interés. La presencia de micro productores, pequeños ganaderos, pescadores y huerteros no estaba considerado en las alternativas ofrecidas desde el orden institucional luego de haberse declarado la emergencia hídrica en los tres departamentos del norte provincial azotados por grandes lluvias, inundaciones y cuantiosas pérdidas del orden productivo primario.
En la oportunidad referentes del movimiento campesino e indígena, ex obreros del surco, pescadores y huerteros de la zona, recordaron a las autoridades presentes que existe una Ley – 27118 reparación histórica de la agricultura familiar – aprobada en el congreso de la nación en el año 2014 y homologada en la provincia en el año 2015 – legislatura santafesina –sobre cuyas bondades permiten destrabar la burocracia que hoy enfrenta el gran cuello de botella que deja fuera del alcance de los beneficios de la emergencia a mas de 250 familias del norte afectados por el meteorito: Ninguno presenta títulos de propiedad de sus tierras sumado a otras exigencias leguleyas.
Si bien los pedidos fueron considerados en la reunión, tal petición no se tradujo en ningún pedido que considere al sector en cuestión. Una reunión llevada a cabo en el COET Tacuarendí en la mañana del martes 5 de febrero acompañado por autoridades ministeriales y referentes institucionales insistieron ante el reclamos indicando que en el ministerio nacional “no existe ningún pedido ni consideración para el sector”, muy a pesar de la reunión que se concretó en el centro comercial de Villa Ocampo un mes atrás ante la presencia de autoridades legislativas y ejecutivas ya nombradas.
Ante autoridades institucionales de INTA y Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia – COET – pescadores, huerteros y micro productores de la zona acordaron la redacción de un petitorio firmados por los presentes en el que se hace un acabo diagnóstico la una situación aguda e irreversible de 250 familias que ante los hechos descriptos, perdieron casi toda sus pequeñas cosechas sin tener la mas mínima posibilidad de recibir una pequeña ayuda o consideración por parte del ministerio que hoy en la actualidad ostenta la contadora Alicia Ciciliani.
“En las comunas y municipios del norte reciben los reclamos y nos solicitan títulos de propiedad, sabiendo que nuestra gente no los tiene. Automáticamente de cumplir con ese sesgo burocrático todos quedamos fuera de la posibilidad de no solo no recibir un mínimo resarcimiento, sino, de ser considerado mínimamente en el pedido. Ni si quiera escuchan nuestra problemática. Recordamos hasta el cansancio que existe esa ley – 27118 de Reparación Histórica De La Agricultura Familiar – que nos ampara, que es una herramienta que la provincia la tiene a su alcance de aplicación. Jamás la pusieron en vigencia, jamás la aplicaron, tal vez, porque no formamos parte de ese engranaje productivo que puede llevar y vender su producción en el puerto de Rosario. Somos parte de la economía social, de ese engranaje complejo que ocupa gente, que sostiene familias enteras, que ponemos productos regionales en la mesa de la gente con el que sobrevivimos desde nuestro propio trabajo. Solo pedimos voluntad política para que se aplique una herramienta legal para asistirnos”, enfatizó José Luis Castillo.