Por Martín Fernández Silva
Faltan 100 días para el 13 de abril de 2025. Ese día quedará en los anales de la historia santafesina porque se elegirán los 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución provincial. Y por si semejante acontecimiento necesitara mayor relevancia, 24 horas más tarde, el lunes 14, se cumplirán 63 años de la última modificación a la Carta Magna.
Ambos procesos, con más de seis décadas de diferencia entre uno y otro, encarnan realidades complejas. El primero significó un texto que resistió un embate dictatorial, en el marco de una provincia intervenida, con el peronismo proscripto. El actual se erige sobre un clima de época antipolítico a nivel nacional pero con una coalición gobernante en la provincia que hace un año sacó más de un millón de votos y sostiene, a pesar de algunas decisiones cuestionadas por distintos sectores de la sociedad, un alto nivel de aprobación.
En la oposición justicialista, su antecesor en la Casa Gris, reina un exacerbado desacuerdo y en las corrientes liberales libertarias se explora el caudal electoral.
Una cirugía de riesgo
En el año 1962 la inestabilidad democrática era la regla. A instancias del entonces gobernador Carlos Sylvestre Begnis —médico de profesión—, la provincia emprendió un camino hacia la reforma de su Constitución. Rigió hasta esas fechas un texto revisado en 1900, debido a la derogación militar de las modificaciones de los años 1921 y 1949. Vaya coincidencia: otra vez 62 años de distancia.
Un nuevo golpe de Estado azotó el país con la destitución del presidente Arturo Frondizi. Mientras el líder desarrollista estaba preso y, bajo la amenaza de una intervención provincial, sesionó desde enero a abril una convención reformadora compuesta por 58 varones y 2 mujeres.
Según marca el diario de sesiones, el 65 por ciento de los convencionales era oriundo de Rosario o Santa Fe. Se establecieron cuatro comisiones de trabajo —Redactora del Reglamento Provisional; Redactora del Reglamento Definitivo; Redactora del Proyecto de Constitución; de Asuntos Generales— y siete subcomisiones —Preámbulo, Declaraciones Derechos y Garantías; Sufragio, Elecciones y Partidos Políticos; Poderes Ejecutivo y Legislativo; Poder Judicial, Juicio Político y Reforma Constitucional; Régimen Municipal; Educación e Instrucción; Régimen Económico y Social—.
Después de casi 90 días de debate juraron sobre la nueva Constitución los convencionales y el gobernador, que se encontraba realizando una cirugía y debió acudir arduamente al recinto legislativo para tamaño acontecimiento.
Diez días más tarde el gobierno de facto intervino varias provincias, entre ellas Santa Fe, y expulsó de su cargo a Sylvestre Begnis. Además, anuló todos los comicios, a excepción de las elecciones a convencionales de la provincia, por lo que desde aquel 1962 rige una Constitución que estableció el alcance de los derechos y garantías, definió la arquitectura de los tres poderes estatales y aseguró la educación primaria, entre otros aspectos relevantes.
El avance del tiempo tornó antiguo el texto madre. Una innumerable lista de temas, incluidos en la última reforma de la Constitución nacional en el año 1994, no aparecen en la Carta Magna de Santa Fe, como por ejemplo derechos ambientales y de los consumidores, ministerios públicos extrapoder o referencias a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Desde las elecciones del próximo 13 de abril, el Poder Ejecutivo tendrá un año para convocar al emplazamiento de la Convención Constituyente, con asiento en la ciudad de Santa Fe. 69 convencionales, 50 por distrito único provincial y 19 representantes departamentales, resultarán electos, sin Paso, para volver a mecer la Cuna de la Constitución.
Decenas de intentos y propuestas reformistas cayeron en el pasado por la falta de acuerdos políticos. A esos consensos llegó Unidos para Cambiar Santa Fe y se colgó una medalla dorada con el apoyo de sectores justicialistas, de izquierda y con el aporte de legisladores díscolos, previo encauzamiento de diferencias internas en el oficialismo.
Las negociaciones se extendieron hasta el período extraordinario de sesiones y obligaron al gobernador Maximiliano Pullaro a jugar el partido constituyente. Aunque él mismo manifestó en reiteradas ocasiones que daba prioridad total a la gestión de gobierno, una reforma constitucional lo lleva indefectiblemente a convertirse en un número puesto para encabezar la lista de la coalición. Cercanos y lejanos lo piden. “Si Unidos me lo pide desde luego que lo haría. Unidos va a ir con un programa; Unidos es un modo de gestionar la provincia de Santa Fe”, confesó ante la insistencia periodística hace algunos días. Aunque la candidatura del gobernador, en tanto un plebiscito a la gestión, pueda resultar un riesgo, una victoria probable daría el visto bueno de la población a la inclusión, en la Constitución provincial, de la reelección para el cargo del titular de la Casa Gris.
Quién también expresó su deseo de participar es su compañera del binomio de gobierno, la vicegobernadora Gisela Scaglia. Al respecto, la ex legisladora manifestó que “sería lindo hacerlo porque realmente vamos a transitar un proceso histórico; pero si no tengo que hacerlo y debo dejar espacio a otras personas, también estoy preparada para eso. Se lo dije al mismísimo gobernador. Sería hermoso y un honor poder recorrer ese camino juntos”.
En ese marco de representatividad para la Unión Cívica Radical y el PRO, quienes también reclaman su lugar en la lista son los integrantes del Partido Socialista. Con su máxima referencia en la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, aseguran desde el espacio que serán “protagonistas de ese proceso electoral”.
Otra suerte corre para la mayoría opositora que configura el peronismo. Después del Congreso del Partido Justicialista que derivó en un escándalo de dimensiones extremas, el PJ diagrama el armado de una lista que no tendrá los nombres de sus mayores electores en la actualidad. Ni el espacio del ex gobernador Omar Perotti ni el del senador nacional Marcelo Lewandowski participarán bajo el sello pejotista, sino que armarán sus propias listas que competirán en libertad, y otro tanto hará el Movimiento Evita. En ese escenario, para encabezar la lista partidaria sólo quedan referentes de La Cámpora —cómo el ex diputado nacional Marcos Cleri y la actual legisladora Florencia Carignano— y cercanos al rossismo, cómo María Luz Rioja y Germán Martínez, la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas e integrantes de corrientes gremiales junto a intendentes y presidentes comunales, entre otros.
Por su parte los espacios liberales libertarios aún no comulgan. La diputada nacional Romina Diez, cercana al círculo rojo del presidente Javier Milei, anticipó que su compañero de banca, Nicolás Mayoraz, será cabeza de lista de la Libertad Avanza en los comicios constituyentes. Sin embargo, la posibilidad de que Amalia Granata cierre un acuerdo con la Casa Rosada ronda el microclima político.
Otros sectores con menor caudal electoral como el Frente Amplio por la Soberanía y algunos “provida” también tienen decidido participar de la contienda electoral. Para ser parte de la discusión cada quien deberá alcanzar el umbral del 2,5 por ciento de los votos del padrón electoral, lo que significa unos 70 mil sufragios. Tras ello, los 69 convencionales electos tendrán las facultades para reformar 42 artículos de la actual Constitución, entre los que destacan el que establece la religión de la provincia, la libertad de prensa y expresión, el régimen electoral, la composición y distribución de bancas de la Cámara de Diputados, las reelecciones de los legisladores de ambas cámaras, el período de duración del mandato para el gobernador y vicegobernador, la composición de la Corte Suprema de Justicia, la inamovilidad de magistrados y funcionarios, la duración del período ordinario de sesiones, los alcances del juicio político, el régimen municipal y la educación, entre otros.