La decisión se conoció en la jornada de este jueves, luego de que se realizará una sesión conjunta entre la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia, el fiscal Rodrigo German Gonzáles, fue removido de sus funciones en el Ministerio Público de la Acusación. También le impusieron una inhabilitación por diez años y la prohibición de ingresar a las oficinas del MPA.
Votación: Se contaron 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.
El ahora ex fiscal fue apartado del MPA por “mal desempeño en sus funciones”, de acuerdo con lo que disponen varios artículos de la Ley 13.013 que regula el trabajo de los fiscales y del órgano de la Acusación.
La denuncia que desato el incio de la emosión del cargo de González fue presentada por el fiscal regional Rubén Martínez, tras confirmar que la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia.
Antecedentes
En marzo pasado, González había sido suspendido, con una reducción de su salario del 50%. Esa medida disciplinaria provisoria correspondía a un proceso en el Poder Legislativo, iniciado hace ya más de cinco meses, con la diputada provincial María Laura Corgniali (PS), en el rol de acusadora. Tanto aquella decisión como la actual se tomaron por unanimidad.
Sin embargo, el trabajo del fiscal adjunto González está en observación en la Legislatura desde hace más de tres años y medio. Incluso en diciembre de 2018 fracasó otra sesión especial conjunta (producto de otro expediente anterior) en la que Acuerdos había propuesto dictarle también una medida disciplinaria. Aquella vez, fue el bloque mayoritario del peronismo en el Senado el que impidió el quórum. Este año, en cambio, hubo un completo acuerdo de todos los sectores políticos que componen ambos cuerpos.
En 2018, un superior de González en el MPA presentó una denuncia en su contra por “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.
En febrero de 2019 González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas” mientras se lo investigaba por los hechos sobre los que no había avanzado el Legislativo.
Aquella investigación, dentro del propio MPA fue iniciada hace tres años. El fiscal general Jorge Baclini dispuso que Alejandro Sinópoli, fiscal regional de la Circunscripción Judicial de Venado Tuerto llevara adelante las actuaciones.
Ese año, respecto del “manejo irregular de fondos» el fiscal González dijo: «puedo reconocer de mi parte un error quizás funcional de no haber hecho el depósito más inmediatamente, pero está firmado el acto de lo que yo cobré… reconozco que fue una desprolijidad de mi parte”, y aseguró que lo había comunicado a sus superiores.
El caso escaló en su gravedad y finalmente fue removido del cargo ante las evidencias de que había colaborado con el juego ilegal.