Porque no cumplía con los requisitos legales. a) Colocaba sobre las espaldas de los acreedores un peso muy grande que significaba un abuso que la ley prohíbe; y b) No había nada escrito que comprometa a VICENTIN o a los INVERSORES a mantener las fuentes de trabajo de Avellaneda”, escribió el juez civil y comercial número 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, sobre la situación actual de la empresa. A pesar de la contundente afirmación sobre que no hay nada que garantiza la continuidad laboral de las plantas en Avellaneda, en las últimas semanas hubo banderazos, misas contra “los malignos”, movilizaciones, abrazos simbólicos al poder judicial y marchas “en defensa de Vicentin” con consignas que hablan de que “los sospechosos de siempre vuelven a la carga. Vicentin nos recuerda que si los ciudadanos bajamos la guardia, tarde o temprano nos pasan por encima”.
La angustia de las y los trabajadores es usada por intereses más vinculados a los que vaciaron el consorcio que a los que pusieron su capacidad por más de noventa años en convertir a la firma en el primer exportador de la Argentina. Resulta ilógico que se defienda a quienes no van a mantener las fuentes laborales. Es imprescindible que el Banco Nación haga de una buena vez su propuesta para el salvataje del grupo y aleje el miedo a perder las fuentes laborales. También es fundamental dejar expresado con claridad que la situación de la empresa es responsabilidad de un grupo de directivos que desde adentro vaciaron el grupo, fugaron millones de dólares, contrajeron deudas ante 1.268 acreedores por más de 1.600 millones de dólares con la complicidad de funcionarios del Banco Nación y del Central durante la administración de Mauricio Macri como quedó claramente establecida en la investigación del fiscal Policita presentada en julio de 2020.
Que uno de los principales imputados por estafas reiteradas como Omar Scarel impulse misas y movilizaciones en defensa de Vicentin es una pieza llamativa en el mundo del revés: él está libre porque junto a otras dieciséis personas pagaron una caución de diez millones de dólares por los delitos de estafas reiteradas. Por eso es vital que el gobierno nacional y las empresas argentinas que quieran realmente defender las fuentes laborales, recuperar el comercio exterior de granos y traer los 791 millones de dólares hagan la necesaria presentación en el proceso de salvataje sin mayores especulaciones. Es cruel la utilización de la desesperación de la gente a favor de los intereses que vaciaron Vicentin.
Diputado Carlos Del Frade