La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió ayer procesar a gendarmes, que formaban parte del personal de Escuadrón Las Palmas y fueron acusados de varios hechos. Los imputaron de asociación ilícita, cohecho y fraude a la administración pública.
Pero la jueza determinó que no todos queden detenidos y por lo tanto una parte de ellos recuperó libertad en la noche del viernes. Ellos son Hugo Marecos, Luciano Cardozo, Anastasio Moral, Eduardo Jorge y Rubén Fimiani. Y seguirán en prisión Héctor Procop, Brian Ezequiel Camargo y David Alejandro Gómez, que tendrían un rol más importante de acuerdo con los elementos que fueron recolectados por la justicia federal.
No bien detuvieron a los gendarmes se supo que había elementos para que se dicten rápidamente los procesamientos. Y en efecto no pasó ni un mes antes de que la jueza federal se pronunciara.
En su momento, NORTE, informó que “la causa se inició con las denuncias que realizaron cuatro gendarmes contra sus superiores. Al tiempo que se efectuaron exposiciones anónimas que permitieron avanzar con la causa”. Y una de las personas que realizó la denuncia anónima es esposa de un gendarme, es decir, que al menos cinco acusaciones partieron de la fuerza federal, que quedó muy cuestionada. Esas denuncias fueron realizadas entre septiembre y octubre. En todos los casos se mencionaba la compra en forma ilegal de alimentos para animales y también expusieron otras irregularidades.
A su vez en las actuaciones se denuncia la pérdida de una encomienda que pertenecería a un intendente de la zona, pero de momento no habría una imputación contra el jefe comunal. “En tanto, otro hecho por el que se iniciaron las actuaciones es el cobro de sobornos por parte de gendarmes del escuadrón, aunque en este caso la mayoría de las miradas apuntan al ex jefe del escuadrón”, indicaron las fuentes consultadas.
También la investigación incluyó al empresario Fimiani, que ayer recuperó la libertad más allá de que continuará procesado y tendrá que demostrar su inocencia. A su vez los funcionarios judiciales determinaron que “la recepción de alimentos nunca existió, generando al Estado un gasto de más de un millón de pesos por la falsa adquisición de avena”.
“Resulta llamativo que el objeto principal de la empresa proveedora de los alimentos para equinos era la provisión de agua, desde el 1 de noviembre de 2013, pero recién en fecha 1 de junio de 2017 se registró en AFIP como proveedora de alimento balanceado para animales”, se informó en su momento. “Ello surge de las constancias agregadas por el jefe de Asuntos Internos de Gendarmería Nacional a fojas 175 y vuelta. Lo que haría presumir que tal inscripción ha sido al solo y único efecto de proveer a Gendarmería Nacional pero ya vendía dichos alimentos a Gendarmería”, agregaron las fuentes consultadas.