Tercer Informe Comisión Caso Vicentín. Resolución de la Cámara de Diputados

El extenso informe emitido por integrantes de la comisión de seguimiento del caso Vicentín de la cámara de diputados de la provincia da cuenta del vaciamiento de la empresa transfiriendo millones de dólares a otras empresas que incluyen fugas de esos capitales. En pocos meses Vicentín quedó apenas con 40 millones distante de su capital que daba cuenta de más de 1400 millones en la misma moneda internacional. Duda que haya un programa serio para pagar sus deudas adelantando su quiebra y el tendal de acreedores a los que ya no hay capitales para responder antes deudas a productores, cooperativas, prestadores de servicio y ante la gran estafa perpetrada al banco nación con la anuencia y complicidad de autoridades del banco nación bajo la presidencia de Mauricio Macri.

I.- Reuniones y eventos de la Comisión:

La Comisión de Seguimiento del caso Vicentín, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, mantuvo varias entrevistas con distintos actores que se encuentran vinculados en los distintos procesos que atraviesa la empresa Vicentin, en ese maro la comisión ser reunió con los síndicos del concurso, con el juez a cargo del mismo, con el juez federal de Reconquista, con los economistas que generaron dos informes al Banco Nación sobre los movimientos de la empresa y con el fiscal federal también de la ciudad cabecera del departamento General Obligado, entre el miércoles 19 de agosto y el viernes 2 de octubre de 2020.

El presente resumen conceptual de estas charlas resulta ilustrativo de la complejidad de maniobras detectadas desde los diferentes organismos que tomaron contacto con la voluminosa información de la empresa en cuestión.

A medida que avanzan las investigaciones penales, por un lado, como también la evolución de la empresa por afuera del concurso de acreedores, como la venta de FRIAR, la extemporánea presentación del balance del año 2019 a fines de septiembre de 2020 y la asamblea de accionistas del 15 de octubre, el futuro de Vicentín presenta muchas inquietudes tanto en el plano laboral como también en su rol en el estratégico negocio internacional de granos desde Santa Fe y la Argentina.

Por eso, una vez más, ratificamos nuestros postulados originales que remarcan la vigencia de la Comisión: defensa de las fuentes laborales, defensa de los intereses nacionales y provinciales y conocer el destino del dinero de Vicentín.

A manera de resumen de cinco puntos sobresalientes sobre estas seis (6) entrevistas colectivas podemos anticipar:

*Hasta abril de 2021, Vicentín, tal como está funcionando, no debería tener problemas para afrontar sus compromisos laborales y que sigue teniendo activos muy valiosos (del encuentro con los síndicos).

*Todavía no está descartada la intervención de la provincia en la empresa (del juez del concurso, Fabián Lorenzini).

*Se analiza el embargo de 22 inmuebles de directivos de la empresa (del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde).

*Vicentín tuvo ganancias por 847 millones de dólares durante 2019 (de los economistas del Banco Nación).

*Que hay indicios del envío del dinero a lo que definió como “guaridas fiscales” como las Bahamas, las Islas Vírgenes y ciertos lugares de Estados Unidos. También hay denuncias realizadas por el Banco Nación sobre Vicentín por contrabando. Que está convencido que lo quedó en el concurso es la ex matriz argentina y entiende que trazando el mapa de las relaciones inter-empresariales aparecerán las conexiones políticas (del fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum).

* Los delitos que se investigan en la ciudad de Rosaeiro, son estafas y desbaratamiento de derechos acordados. Se trata de maniobras engañosas contra los bancos internacionales y los productores. Omitiendo deliberadamente la realidad de Vicentín.

Desde el 10 de febrero de 2020, fecha de inicio del Concurso Preventivo de Acreedores, al presente (ocho meses después), Vicentín tiene una deuda de 1.341.032.036 dólares con 1.733 acreedores, 905 que los que habían reclamado en un principio.

El 15 de octubre, la asamblea de 109 accionistas del grupo definirá parte del futuro de la firma. Es imprescindible estar atentos a lo que suceda ese día. Para lo cual la Comisión seguirá trabajando.

II.- Resumen de las reuniones antes mencionadas:

a. Encuentro con los síndicos.

La Comisión de Seguimiento del caso Vicentín se reunió el miércoles 19 de agosto de 2020 con los síndicos del concurso preventivo de acreedores representados por los doctores Roberto Baravalle y Patricio Prono.

Ellos ratificaron los dichos en su primer informe que consta en la página del concurso en el que aseguran que la empresa, así como está, tiene posibilidad de cubrir los convenios laborales hasta abril de 2021, trabajando, en algunos casos, a fasón y alquilando sus depósitos.

Apuntaron, además, que la empresa no está haciendo molienda.

Aseguraron, además, que no hay una gran actividad posconcursal y que siguen existiendo activos muy valiosos aunque no se mensuró en dinero lo que representan esos activos de la empresa.

No tenían información sobre por qué Vicentín no había presentado el balance del año 2019.

Sostienen que hasta mediados del año que viene seguirán las actividades del concurso.

Dejaron como posibilidad la aparición de un jugador local para el futuro de la firma.

b. El juez del Concurso.

El miércoles 26 de agosto, la Comisión se entrevistó con el juez civil y comercial número dos de Reconquista, doctor Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de acreedores.

Todavía no había definido la posibilidad de la intervención de parte del gobierno de la provincia, tal como está pedido y para resolver por incidente dentro del concurso.

Que seguía recibiendo pruebas informativas sobre todo el proceso de Vicentín SAIC y apuntó que el cierre del concurso será antes del final del año 2021.

Informó que de los 2.638 acreedores iniciales, existen al presente 1.733, es decir 905 menos que la cifra original.

Que la deuda verificada es de 99.344 millones de pesos a los que se sumaron otros 33.605 millones de pesos más.

En dólares la deuda es de 1.341.032.036.

Que el 31 de octubre de 2020 es una fecha muy importante porque es la fecha del cierre de un nuevo período económico de la empresa.

Que hay planes de la empresa que no aclaró cuáles eran.

Que está analizando el desplazamiento de los directivos (cosa que al final se produjo por decisión de la empresa).

Describió al escenario de Vicentín como “multiforme”.

También admitió que hay un trasfondo político y que muchas cosas forman parte de un “limbo”.

Que sigue investigando “las causas del desequilibrito económico”.

Y dijo que desde el juzgado: “No nos sobra nada”.

c. Juez Federal de Reconquista.

El viernes 4 de septiembre, la Comisión se entrevistó con el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde.

Tiene una causa originada por el estudio del abogado Mariano Moyano de Asunción de Paraguay y otra civil sobre el destino de un pagaré al Banco Nación de cinco millones de dólares, como también una serie de facturas “truchas” remitidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos de aproximadamente seis mil fojas.

Apuntó que el juez del concurso tiene todos los elementos para aportar a estas investigaciones.

También decidió el embargo preventivo de 22 propiedades, entre campos e inmuebles de los directores que aparecen firmando el pagaré al Banco Nación.

Y entiende que es inadmisible que la empresa no haya presentado el balance 2019.

d. Economistas del Banco Nación.

El miércoles 23 de septiembre, la Comisión se entrevistó con los doctores en ciencias Económicas, Zanotti y Gaggero, responsables de dos estudios para el Banco Nación sobre la empresa Vicentín.

Allí hablaron de una maniobra de vaciamiento corroborado por la documentación de la propia empresa a través de los llamados balances mensuales de sumas y saldos, de donde emergen los datos sobre la situación patrimonial.

Describieron que hay una empresa holding “cáscara” en Uruguay, el llamado grupo Vicentín Family Group y que en esa historia reciente pudieron elaborar un mapa de la firma y los movimientos que se fueron dando al interior del grupo.

Que hacia 2014 comienza una mayor diversificación e intensificación de los movimientos interiores de empresas de Vicentín, siempre vinculados a los cambios en la política exterior de granos pero que fue a partir de 2017 donde las operaciones se hacen más veloces.

Marcaron como casos muy importantes para verificar distintos hechos que merecen ser estudiados con detenimiento, la venta de FRIAR, los cambios accionarios en Terminal Puerto Rosario y Vicentín Paraguay.

Confirmaron, de acuerdo a sus investigaciones, que Vicentín ganó 847 millones de dólares en 2019. Otros 525 millones de dólares en 2018; 158 millones de dólares en 2017; y 285 millones de dólares en 2016. También ser verificaron ganancias por 135 millones de dólares en 2015; 196 millones de dólares en 2014; 86 millones de dólares en 2013; 105 millones de dólares en 2012; 54 millones de dólares en 2011 y 42 millones de dólares en 2010.

Ganancias de Vicentín SAIC. Apuntaron que el patrimonio neto de Vicentín SAIC era de 1.220 millones de dólares en octubre de 2019. Y en enero de 2020, era de 1054 millones de dólares. De 41 millones de dólares en febrero de 2020.

En 19 días se perdieron nada menos que 2.247 millones de dólares de patrimonio neto.

Verificaron que la sucursal uruguaya era la que participaba en las exportaciones y concentraba los préstamos del exterior.

Que también comprobaron préstamos cruzados entre las diferentes empresas del mismo grupo.

Que tuvieron exportaciones por 3.709 millones de dólares durante 2019.

Que hubo una reprimarización de las exportaciones.

Que crecieron las importaciones, al calor de las políticas del anterior gobierno nacional.

Que, para ellos, hay muchos indicios de delitos económicos garantizados por decisiones políticas.

e. Fiscal Federal de Reconquista.

El viernes 2 de octubre, la Comisión entrevistó al fiscal Federal de Reconquista, Roberto Salum.

Explicó que está completando un mapa de empresas y negocios cruzados de las mismas en los últimos años.

Que está investigando el potencial delito de lavado de activos y que ya se dispusieron distintas medidas tendientes a recopilar la necesaria información al respecto.

Que hay indicios del envío del dinero a lo que definió como “guaridas fiscales” como las Bahamas, las Islas Vírgenes y ciertos lugares de Estados Unidos.

Que también está investigando la denuncia de la AFIP por facturas truchas o apócrifas.
También hay denuncias realizadas por el Banco Nación sobre Vicentín por contrabando.

Que todavía no se libraron oficios de embargos sobre bienes de directivos de la empresa.

Que está convencido, que lo que quedó en el concurso, es la ex matriz argentina y que fue un muy buen trabajo el realizado por la Inspección General de Personas Jurídicas.

Y que entiende que trazando el mapa de las relaciones interempresariales aparecerán las conexiones políticas.

Que el objetivo de su trabajo es cancelar las deudas y recuperar el dinero fugado.
f. Con el Fiscal Miguel Moreno del Ministerio Público de la Acusación de Rosario:

La reunión se realizo en la sede de la Legislatura en Rosario, el martes 20 de octubre de 2020. Según manifestó el Sr. Fiscal, dijo que hay que analizar la situación de los directivos renunciantes de Vicentín.

Los delitos que investiga son estafas y desbaratamiento de derechos acordados. Se trata de maniobras engañosas contra los bancos internacionales y los productores.
Se omitió deliberadamente la realidad de Vicentín.

No hay constancia, todavía, de un plan macro que exceda a la firma. En la investigación penal, los tribunales de Rosario, ofrecen una mayor garantía. Sin embargo el concurso nos parece correcto que siga en Reconquista.

Hubo omisión de información

Al 31 de julio de 2017, marcan una ratio de 1,8, 80 por ciento más de activos que de pasivos.Una ratio saludable es de 1,0. Después viene el efecto de las PASO.
Hay tres etapas: diversificación, transferencia y garantización de las deudas.

Los bancos serán querellantes

Hay una gran confusión patrimonial y se verifican muchas transferencias al interior del grupo. Creemos que hay acreditados hechos de estafa pergeñados por el directorio contra los productores y también contra bancos.

II.- Síntesis de los principales estudios e informes recabados por la Comisión:

a. El proceso de vaciamiento de Vicentin SAIC. Un análisis reciente de las transformaciones de su estructura corporativa, la dinámica financiera y el intercambio comercial Informe Final Dr. Alejandro Gaggero Dr. Gustavo García Zanotti.

Un proceso de vaciamiento corporativo que incluyó:
(1) Creación de empresas en el exterior. Durante la posconvertibilidad el grupo instaló filiales y empresas controladas -una parte de ellas en países de baja tributación- que tuvieron un rol muy importante en el comercio y financiamiento intra-grupo: Vicentin SAIC (Sucursal Uruguay), Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Tastil, entre otras.

(2) Cambios en la estructura corporativa. A partir de 2013 el grupo Vicentin llevó adelante un desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial. Como parte de ese proceso:
• Se crearon las siguientes empresas holding en Uruguay: Vicentin Family Group, VFG Inversiones y Actividades Especiales, Industria Agroalimentaria Latam y Nacadie Comercial.
• Estas empresas fueron adquiriendo participaciones en firmas del grupo que hasta ese momento estaban controladas por Vicentin SAIC (Argentina) y otras que se fueron sumando durante la gran diversificación que se produjo durante la posconvertibilidad.
• La dinámica de este proceso de vaciamiento de Vicentin SAIC en detrimento de la estructura paralela -controlada principalmente por Vicentin Family Group- fue especialmente intensa en los años 2014 y 2017.
• El desdoblamiento de la estructura corporativa les permitió a los accionistas vender las participaciones de algunas de las principales empresas del grupo -como Renova y Friar- luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores. Lo ocurrido con Friar es un ejemplo de esta trayectoria: Vicentin compró la firma en 2004, y años después vendió el 99% a los holdings uruguayos Nacadie y VFG Inversiones y Actividades Especiales, conservando apenas el 0,4%, lo cual le permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020 a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial.

(3) Compra-venta de empresas y operaciones intra-grupo:
• Las operaciones se caracterizaron por la opacidad de la información consignada en los balances. Sólo en algunos casos se informó el monto involucrado en las ventas, que fueron realizadas a precios muy superiores a los valores en libros.
• El grupo no informó en sus balances transferencias de acciones muy relevantes a nivel patrimonial. En el caso Terminal Puerto de Rosario (TPR), no se consignó la compra en 2012 del 30% de la empresa, que implicó la transferencia al exterior de casi U$S 9 millones a un empresario español condenado por lavado de dinero (Jordi Pujol Serrusola). Tampoco se consignó en el balance la venta en 2017 del 20% de TPR -una participación que no había informado poseer- a una empresa chilena. • Las actas del Directorio muestran que Vicentin SAIC compró y vendió participaciones de empresas con pocos días de diferencia. Por ejemplo, compró el 100% de Playa Puerto el 24 de octubre de 2017 y en el transcurso de tres días vendió el 89,5% a dos empresas distintas, una de ellas controlada por Vicentin Family Group.
• El proceso de vaciamiento dejó a Vicentin SAIC con participaciones minoritarias en diversas empresas, pero asumiendo ciertos compromisos por ellas, como por ejemplo salir como garante en sus préstamos. En el caso de TPR, Vicentin compró la mayoría accionaria entre los años 2010 y 2012 a empresas que actualmente figuran como acreedores en la causa judicial con pasivos que, a principios de 2020 todavía superaban los $ 150 millones.

(4) Vaciamiento financiero: El grupo en general como Vicentin SAIC en particular tuvieron una performance sobresaliente en los últimos años, reflejada tanto en sus ventas, ganancias como en su patrimonio neto. Esto posibilitó una serie de prácticas especulativas.

Entre finales de 2019 y principios de 2020 el vaciamiento se aceleró. El patrimonio neto de Vicentin SAIC cayó drásticamente una vez presentados los libros en el Concurso de acreedores. Este proceso se pudo visualizar en:
• Las diversas cuentas bancarias de Vicentin SAIC comenzaron a poseer saldos negativos debido a que los retiros superaron a los depósitos. Como consecuencia, las deudas por giros al descubierto se generalizaron en los últimos meses de 2019 y principios de 2020.
• Si bien las deudas financieras no se incrementaron en dichos meses se produjeron movimientos particulares. Entre estos, la Sucursal que se había endeudado con diversos bancos internacionales, trasladó estos pasivos a Vicentin SAIC. Además, se produjo la cancelación de algunos préstamos con la banca internacional gracias a la venta de activos.
• Los activos y pasivos comerciales comenzaron a mostrar saldos que no le corresponden. En particular, se registraron como activos transacciones que en realidad tuvieron un saldo desfavorable para Vicentin. Esto se debió principalmente al registro de subcuentas dentro de los mismos que perjudicaron su situación patrimonial. Entre estas se encontraron saldos con la Sucursal que explican en parte tal situación, sin embargo, las mismas plantean serias incógnitas. Como fruto de observar la evolución de estas partidas existió un llamativo crecimiento de las deudas comerciales sin el consiguiente incremento de los activos del mismo tipo. De esta forma, se produjo una pérdida de liquidez y del capital de trabajo de la empresa.

En el año 2020, Vicentin SAIC se vio imposibilitada de vender al exterior su producción. En este contexto, emergieron nuevos exportadores que incrementaron sustancialmente su comercialización al extranjero y que podrían esconder acuerdos tácitos con la compañía. Diversas empresas relacionadas adquirieron producción de Vicentin SAIC que luego fueron exportadas a través de la Sucursal. Es decir, estamos hablando de un “pasamanos” ya que en última instancia los bienes fueron adquiridos por la misma empresa que los vendió. Los precios de transferencia en el comercio durante el año 2019 totalizaron una subfacturación de US$ 82 millones por parte del Grupo Vicentin, de los cuales, US$ 76 millones fueron explicados por Vicentin SAIC. Este último monto fue reflejado por las exportaciones de harina y pellets de soja, aceite de soja y maíz en grano. Además, se visualizaron algunos ascensos significativos en el tratamiento de precios de transferencia en los años 2008 y 2016 por unos US$ 249 millones y 114 millones, respectivamente. Por último, las importaciones concretadas por Vicentin SAIC se realizaron a un valor de sobrefacturación que acumularon unos US$ 56 millones en el año 2018 y 11 millones en 2019. Sin embargo, estos montos no fueron contabilizados como fuga de capitales dado que no formaron parte del comercio intrafirma, aunque bien podrían comprender una posible práctica especulativa en el comercio exterior.

*De todo lo cual se da cuenta en el informe completo que consta de 121 páginas y que se encuentra en poder de la comisión a disposición y de forma digital”

b. Memorial presentado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, fundando la intervención Judicial requerida.

“Síntesis inicial
Se señalan los tres temas que en puntos sucesivos se amplían.

1. La intervención judicial demandada debe ordenarse.
Consiste -por definición- en la separación de los actuales integrantes del directorio y la designación de un interventor, con indicación de funciones y plazo.
Las razones para hacerlo están debidamente acreditadas, tanto por lo que surge de estas actuaciones cuanto de las constancias del expediente del concurso, que demuestran un obrar que dista de los imperativos legales de lealtad y diligencia y un indudable compromiso del interés público.
Se amplía en el punto II
2. El Magistrado será quien designe el interventor e indique sus funciones.
Por no existir al momento posibilidad de contar con la herramienta de capitalización (o sea la posibilidad de ejercicio de los derechos de gestión mediante el fideicomiso) no se insiste en el plan de saneamiento y en la designación de los propuestos, conforme luego se explica.
Los representantes de la concursada, diciendo transmitir la postura de los accionistas -que en rigor no se conoce- se expresaron de modo contrario a la utilización de esa herramienta en los términos necesarios para que puedan articularse las voluntades de quienes habrían de participar en la recuperación patrimonial de la concursada y su conservación.
Se amplía en el punto III.
3. Las réplicas no obstan a la pretensión
Las consideraciones vertidas por los restantes intervinientes en el proceso no obstan al acogimiento de la demanda, tal y como se explica en el punto IV

II. Fundamentos para la remoción del directorio por vía de intervención
II-1. Remisión a los fundamentos iniciales
Lo señalado en el escrito inicial y ampliado en la presentación del 22 de junio (esta última agregada a los autos principales) se da aquí por reproducido en honor a la brevedad.
Esas piezas ya contienen alegaciones, basadas en el material probatorio que se acompañó. Y el fundamento jurídico, que no necesita reiterarse.
Todos esos hechos se encuentran acreditados, tanto en este expediente cuanto en las constancias del concurso.
Por lo tanto, doy aquí por reproducido ese contenido, en honor a la brevedad.
II-2. Los acontecimientos posteriores
Desde el inicio del proceso se sucedieron otras circunstancias que reafirman la necesidad de remover a quienes integran el órgano de administración.
2.1. Varios directores se encuentran inhibidos por decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Número 10 de la ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente y como se probó con copias certificadas emitidas por el Registro General, apenas conocida la insolvencia muchos de sus integrantes (incluido el presidente) enajenaron sus bienes.
Aunque la sindicatura afirme que el patrimonio personal es cuestión ajena al concurso, el estándar del leal buen hombre de negocios exigido por el artículo 59 de la ley general de sociedades no se compadece con este obrar, afectado deliberadamente la garantía de su responsabilidad por mal desempeño.
2.2. Se promovieron nuevas causas penales, tanto por denunciantes particulares cuanto por Administración Federal de Ingresos Públicos.
Existen causas penales en la justicia ordinaria de esta circunscripción (a quien el Tribunal envió los antecedentes) y en el Juzgado Federal de esta ciudad, en este caso varias.
Se acompañan las constancias de una denuncia por lavado de activos, conocida a través del oficio que, con firma digital, remitiera a esta Inspección el Fiscal Roberto Salum. Del escrito de denuncia, que acompañó al oficio, surge un entramado societario muchísimo más amplio que el que mi parte denunciara, que no termina ya en Uruguay sino que alcanza a varios países, indicando en todos los casos las fuentes de la información, a través de enlaces con páginas web.
2.3. Los acreedores extranjeros iniciaron un proceso de discovery con graves imputaciones, cuyo contenido obra en el expediente de concurso. Brindan información lapidaria.
2.4. El propio Juez dispuso medidas investigativas no habituales que exteriorizan la falta de información y la insuficiencia de la brindada por la sindicatura: veeduría, autorización de auditoría pedida por el comité de acreedores.
Es que el directorio ni siquiera ha cumplido con el más elemental deber de información, que es la elaboración de memoria y balance. Esta Inspección entregó intimación a hacerlo el día 19 de marzo, nunca cumplida. Luego el Tribunal debió reiterar la intimación.
No hay información ni anterior ni posterior. De allí que haya tenido que ser el Juez, como director del proceso, quien haya debido requerirla.
2.5. Particularmente elocuente resulta la presentación de KPMG, que se desliga de la tarea de auditoría exteriorizando desconfianza, incluso con la percepción de su retribución. Conocido es el dicho vulgar para aludir a alguien sin crédito: no le fía ni el contador. Aplica al caso.
2.6. También hubo ocultamiento en torno de la verdadera composición del grupo societario, con relaciones mucho más complejas que las denunciadas y con la utilización de triangulaciones a través de compañías off shore.
Pero quizá lo más significativo es que la sociedad madre del holding, llamada Vicentín Family Group (cuya existencia no se había mencionado, sino que la concursada la aludió recién cuando contestó la demanda de intervención). Ella es una compañía uruguaya que no se encuentra inscripta en el Registro Público, como manda el artículo 123 de la ley general de sociedades, constituyendo ello una irregularidad ostensible y muy grave.
2.7. De la información obrante en el expediente concursal surge que la situación productiva y financiera de la compañía no brinda los márgenes necesarios para atender al pasivo concursal. En este sentido, tanto la concursada cuanto la sindicatura insisten en que los salarios se pagan en tiempo y forma. Esto es, se subsiste. No es necesario ser economista para advertir que con esas cifras el futuro de la compañía dista de ser claro.
2.8. Los informes de la sindicatura, de los que el propio Magistrado ha debido ordenar ampliaciones por su insuficiencia, reflejan que la compañía parece estar subsistiendo mediante operaciones de terceros que le permiten conformar un fondo de maniobra para cumplir con las obligaciones que su reducido giro genera.
¿Y el pasivo concursal? Con esos números, ni siquiera hubiesen podido cumplir con el APE al que hacen referencia.
Quienes llegaron a esa situación y hoy pretenden continuar con su manejo son las mismas personas: los integrantes del actual directorio.
La preservación de la empresa es un asunto de gravedad institucional, por los múltiples intereses en juego. En el caso de Vicentín S.A.I.C., la aplicación del concepto torna ociosas mayores precisiones, pues su influencia económica, social y demográfica constituye un acontecimiento de público y notorio.
2.9. Los informes de SIGEN son lapidarios. No se halla en los principales la opinión de la sindicatura sobre su contenido, pese a que medió una vista. No se trata ya de una cuestión del pasado, sino de cómo se administra ahora: mezcla de fondos de todas las sociedades, cheques firmados en blanco, un sistema informático poco seguro.
En definitiva, una administración desordenada y poco profesional para una empresa de semejante magnitud.
2.10. Pero, más allá de todas las pruebas -que sería tedioso continuar glosando, siendo que son constancias obrantes en el expediente- el nudo de la cuestión es que este directorio no genera confianza.
Sabido es que en cualquier negocio el crédito -en el sentido más genuino del término- es esencial. Pero la generación de confianza es mucho más importante en un negocio como el que desarrolla la concursada, pues depende de proveedores que entregan su principal insumo al fiado. La propia sindicatura concursal, pese a que sus informes tienden a disimular la situación, señala que las entregas han disminuido.
Y así, ¿va a continuarse operando con contratos de fasón, sin producción propia, con una capacidad ociosa mayor al 50%?
El tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda ha demostrado que no se progresó, que se continúa haciendo la plancha.
Es que con esta conducción, que ocultó sus dificultades hasta sorprender el 4 de diciembre con un eufemístico anuncio de estrés financiero, es claro que no puede volver a producir como lo hacía.
¿Tiene futuro la compañía en esas condiciones?
Claramente, es necesario desplazar a quienes no sólo la han puesto en esta situación, sino que continúan con una administración carente de un plan de saneamiento.
De allí que no pueda esperarse más -ya demasiado tiempo ha pasado y ha significado desmedro- para intervenir la sociedad.
Es lo que en definitiva se demanda, aunque respecto del alcance deberá tenerse en cuenta lo que a continuación se expresa, por haber variado las circunstancias respecto del tiempo en que -postulando una decisión inmediata en tal sentido- se promovió la demanda.

III. El alcance de la intervención
Según se señaló al comienzo, se insiste en el apartamiento de las personas que hoy integran el órgano de administración.
Inicialmente se planteó con el alcance de una intervención que incluía no sólo tal apartamiento sino el aporte de soluciones de fondo, consistentes en la capitalización de la sociedad a través de aportes públicos y privados.
Ello dio lugar, por iniciativa del Tribunal, a un proceso restaurativo en el cual se trabajó no sólo en las dos audiencias habidas, sino también en contactos informales permanentes con los integrantes del órgano de administración y sus abogados, mientras se lograba interesar a otros sectores para la participación en un proyecto integral de saneamiento.
Es público -ambas partes le dieron ese carácter- que la herramienta para la ejecución de ese proyecto era constituir un fondo fiduciario con las acciones de Vicentín S.A.I.C.
Se trabajó mucho en ese sentido y se expusieron en las audiencias habidas los alcances del proyecto.
Ese resultado no se obtuvo.
Los representantes de la sociedad manifestaron -pese a no ostentar representación formal- transmitir la voluntad de los accionistas (futuros fiduciantes) sobre las condiciones. No hubo composición.
Como esta Inspección expresó en el escrito de fecha 3 de agosto, se dejó sin efecto esa amplitud en la actuación, inviable en tanto no se contara con la herramienta de futura capitalización, que requiere el ejercicio de los derechos de gestión social de los accionistas.
Es que los aportes y prestaciones de distinto tipo (capitalización de acreencias, intervención de originadores, inversores genuinos, participación del Estado Nacional) que el Estado Provincial articuló suponían -naturalmente- acceder a la función administrativa, por la falta de confianza en quienes la detentan. Pero no sólo eso, sino generar una futura participación en el capital.
Este condicionamiento es absolutamente comprensible y lógico, pues de lo contrario no brindarían ninguna ventaja a quien los realizase, que era la legítima expectativa que podía despertar interés.
Además, la falta de confianza en quienes hoy gestionan constituye un obstáculo para la participación en ese proyecto, al no poder conocerse a ciencia cierta si las prestaciones a integrar tendrían el debido destino o terminarían siendo triangulados y derivados a otros patrimonios.
En rigor, los titulares de los derechos de gestión social -casi cien personas- nunca se expidieron, porque el directorio no convocó a asamblea para informar y conocer su voluntad.
De allí que, como se señaló, la disposición al saneamiento es amplia, pero está condicionada a la conformidad de los accionistas con la conformación de un fideicomiso que pueda ejercer los derechos políticos. Mientras ello no ocurra, el marco de la intervención, que debe admitirse, se acota y ya no recaerá sobre los propuestos.
Pero, aún sin esa amplitud, hay un compromiso del interés público en la preservación de esta empresa, que -unido a la acreditada falta de buen desempeño por parte de los integrantes del directorio- impone la intervención.
En consecuencia, el Tribunal deberá disponer la intervención judicial, removiendo al directorio y designando un interventor que lleve a cabo los actos necesarios para conformar un nuevo directorio.
En definitiva es lo que la concursada arguyó al contestar: que a los directores los designen los accionistas, por lo que no podría oponerse a esta decisión.
Tampoco los demás intervinientes en el proceso, pues todos se refirieron a la cuestión de los interventores y no a la improcedencia de la intervención (aún la sindicatura, aunque lo hizo de modo subsidiario).
IV. La postura de los restantes intervinientes en este proceso
Todos los interesados tuvieron intervención, por lo que quedó a salvo el derecho de defensa.
La materia excede a lo dispositivo, por lo que no es necesario el análisis exhaustivo de lo dicho al contestarse los traslados, por lo que el presente se limitará a las cuestiones más relevantes y soslayará las inapropiadas descalificaciones personales, pues su réplica sería no menos desubicada.
IV-1. La concursada
(a) Cuestiona la resolución que precedió al requerimiento de intervención, pretendiendo que debió tener substanciación administrativa. O sea, una suerte de proceso administrativo previo (lo que supone además el sistema recursivo previsto en la ley 6.926).
Ninguna norma dispone semejante trámite previo. Es que resulta absolutamente incompatible con el fundamento del instituto de la intervención, que supone la necesidad de un pronto obrar.
(b) Atribuye a la intervención judicial -prevista en la ley 19.550- el carácter de confiscación, cuando de lo que se trata es únicamente del ejercicio de una de las funciones orgánicas
(c) Menciona que IGPJ fue notificada de la presentación concursal y que nunca requirió nada, siendo que tal comunicación no se cumplió y la noticia de la asamblea de ratificación se tuvo por las publicaciones; y en el mismo acto se intimó la presentación del balance del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019, lo que hasta el día de hoy no sucedió.
(d) Menciona que todas las sociedades que conforman el grupo se hallan en regla, cuando de su propio ofrecimiento de prueba surge del mismo escrito que varias de ellas están atrasadas en la confección de sus estados contables. Además, el Registro Público informa que Vicentín Family Group -la sociedad a quien transfirió las acciones de control en las otras sociedades, según expresa la página 31 de su escrito- no está inscripta.
Como expresa la concursada en el mismo párrafo, “de esta sociedad se desprenden…” todas las uruguayas. Es grave que haya efectuado transferencias de acciones a una sociedad que no estaba inscripta en el país y es el directorio quien debió controlar esa circunstancia.
(e) Cuestiona los interventores propuestos, reivindicando las atribuciones de la asamblea; este tema ha perdido vigencia, según se expresa en el punto III precedente, mientras no se logre la herramienta del voto para capitalizar.
(f) Por último, debe destacarse la propia concursada menciona que la compañía debe capitalizarse. Es lo que se pretendía apoyar.
IV-2. La sindicatura concursal
No causó sorpresa que se manifestara contraria a la intervención, reivindicando el proceso concursal como ámbito donde se produce el control.
Señaló que, de producirse una separación de los administradores, el designado debería surgir de un nombramiento judicial por sorteo y no de la propuesta de esta Inspección, por no haberse acreditado idoneidad”

Con esto damos por terminado el segundo informe que la Comisión ha desarrollado, el que se remitirá a la Cámara de Diputados para su conocimiento.

«Así como la triple contabilidad del Swift reveló el negociado de las carnes denunciado por Lisandro de La Torre como síntesis de la década infame, Vicentín expresa el estado puesto al servicio del lavado de dinero, la fuga de capitales y la contratación de deuda externa a favor de muy pocos y en contra de las grandes mayorías populares. El principal responsable político fue el ingeniero Mauricio Macri», expresó Carlos Del Frade, diputado provincial e integrante de la comisión parlamentaria en el sonado caso Vicentin.

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