Un Frente Delincuencial Que Involucra A Autoridades Policiales Y Jurídicas

Desde los últimos meses del año pasado comenzó una ola interminable de robos que apuntaron a cables, cualquiera fuera – por su componente metal – que dejaron sin energía a kilómetros de rutas internas y acceso, delito focalizado en Reconquista. Sin conocer detalles de procedimientos policiales y judiciales el delito retomó en otra ola de azote consistentes en robo de baterías, especialmente de camión y tractores. Ante delitos parecidos tampoco se conocen procedimientos, allanamientos e incluso, detenidos a los que se aplicara prisión preventiva. En el norte se conocen nombre de choros que tienen en su haber mas de 15 imputaciones sin que se le restrinja su libertad y mucho menos la ejecución de una condena.

Perpetro de Robo
Foto obtenida de camaras de seguridad residencial

Sabido es que una aguda situación económica grabe aumenta los delitos de manera exponencial y particularmente el robo a residencias. Es conocido como ratería, hijo del accionar de ladrones baratos. Ante circunstancias por todos padecidas, en el norte santafesino, ambas componentes tienen lugar y no parece que ninguna de ambas tendría una aparente solución en el corto plazo. El modus operandi, en el delito, no resulta complejo de resolver, por lo que no se deja de sospechar, fuertemente, la connivencia y complicidad de un sector de la seguridad y de la justicia.

Tanto el robo de cable a gran escala como sucedió en los últimos meses en la ciudad de Reconquista al que se suma el robo de batería en todo el departamento Obligado, necesitan de logística, participes necesarios – al ser comercializado – y complicidad policíaca en la investigación. Ambos delitos necesitan movilizar gente, comercializar lo sustraído y burlar cámaras de seguridad distribuidas en cada ciudad. En los últimos robos descubiertos fueron a partir de pistas investigativas despejadas por los propios dueños de los objetos robados, las baterías eran ofrecidas en la modalidad puerta a puerta. Baterías cuyo valor asciende a $ 350.000 fueron compradas por $ 10.000 tres de ellas, robadas al mismo dueño en un sector rural de la ciudad de Las Toscas. Los compradores adujeron haber comprado de «buena fe».

La buena fe de los compradores mas bien explica el poco riesgo que corrían al comprar un objeto robado y comercializado por un valor inferior al 5 % de su precio nominal de mercado, proveniente de un delito protegido y de bajo riesgo de ser descubierto. Y ciertamente, la investigación que dejo al desnudo el robo y su venta, vino del lado del dueño de las baterías antes que, de la propia policía, que solo se limitó a detenerlo al tiempo que las baterías fueran recuperadas. El choro fue detenido e identificado, para que luego la justicia – PMA – haga lo propio: decretó su inminente libertad.

En el mismo procedimiento que se descubrió el robo de tres baterías a una sola persona en la ciudad de Las Toscas, se esclarecieron otros dos robos de baterías, un equipo eléctrico abastecido por energía solar y otros trastos robados a no menos de media docena de personas. Insistimos en el curioso dato: el robo se descubre por acción y riesgo del dueño de los objetos robados, no de la policía de Las Toscas.

Tanto el cobre sustraído a cables robados luego de quemarlos como el plomo que se quita a las baterías, preferentemente de camión y tractores, son comercializados en la zona y chatarrerías conocidas. Los imputados están libres, con sendos antecedentes, no se conoce un solo allanamiento a sospechosos de lugares de forzosa venta y comercialización y nunca se aplicó la figura de Participe Necesario a quienes resultaron ser compradores ocasionales auto protegidos bajo la figura de “compre de buena fe”.

Un objeto nuevo cuyo valor supera los $ 350.000 vendido a un promedio de $ 3.500 y en buen estado, nunca puede ser comprado de buena fe. La buena fe solo se explica en saber que se está comprando objetos robados y pagados a precio vil, proveniente de una actividad ilícita protegida por estamentos de poder de la seguridad y jurídica. La buena fe radica en apostar a que siendo una actividad ilícita protegida, el riesgo de ser descubierto imprime un bajísimo riesgo.

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