Tras una denuncia radicada por Yolanda Gómez, quien afirma que le prestaba una casa de su propiedad al Sr. Raúl Alberto Luque, quien es al mismo tiempo funcionario municipal, arrojó un saldo de denuncias cruzadas por parte de Gómez quién indica que Luque se retiró de la casa llevándose mobiliarios, verjas, puertas y accesorios de baños pertenecientes a esta última. Como contracara por parte de Luque se radicó otra denuncia que sindica a Gómez como autora de robos de objetos personales de Luque. Se afirma que Luque utilizó camionetas y rodados pertenecientes al ente municipal para realizar el traslado y el supuesto robo. Luque fue suspendido 15 días de su cargo, conforme regularice su particular situación judicial.
En la sesión concretada en la noche miércoles el bloque de Concejales del justicialismo presentó un pedidos de informes tras una minuta de comunicación que advierte sobre denuncias cruzadas entre una vecina de la localidad quien dice haberle prestado la casa a un funcionario municipal que, al tiempo de retirarse del domicilio, se llevó accesorios de baños, puertas internas y verjas pertenecientes a su domicilio. Entre tanto Luque denunció que al tiempo de retirarse del inmueble “Gómez hurtó objeto de su propiedad”. Ante la amenaza de un juicio millonario contra la municipalidad, debido a que se utilizó móviles oficiales para concretar la mudanza y el supuesto robo, el bloque de Concejales solicitó un pedido de informes sobre el tema en particular.
“El Bloque Justicialista solicitó información sobre la actuación de personal municipal, con vehículos municipales, que el pasado seis de noviembre habrían intervenido en una propiedad de calle 2 de Abril entre Caseros y Cortada Yapeyú, donde sin autorización ni permiso habrían retirado bienes de la propiedad, lo que habría disparado acciones judiciales contra el municipio”, reza el pedido formal presentado en la noche del miércoles en el recinto deliberativo.
Por otro lado se solicitó informe de los daños ocasionados en el marco de la última tormenta en relación a los postes e infraestructura de las prestadoras de los distintos servicios que se prestan en la ciudad (energía-teléfono, internet-cable). Es necesario evaluar si el marco regulatorio del uso de la vía pública es apropiado o si atenta contra el bienestar de la población en situaciones como estas.