Luis María “Coco” Ramírez de 49 años de edad, albañil; y Laura Beatriz Silguero de 53 años, ama de casa, ambos domiciliados en el Barrio Belgrano de la ciudad de Reconquista, fueron imputados por los delitos de “ explotación económica del ejercicio de la prostitución de una persona, agravada por mediar violencia, amenazas, abuso de autoridad (relación de padrastro e hijastra), de una situación de vulnerabilidad por la discapacidad de la víctima y la convivencia, en carácter de autor (Ramírez) y de partícipe necesaria (Silguero).
La persecución penal del caso está en manos del fiscal Juan Marichal y la jueza Claudia Bressán es quien declaró legal las detenciones y abrió la investigación penal preparatoria en la audiencia del 14 de noviembre de 2019. En la imputación fueron asistidos por la defensora pública Norma Senn y en la audiencia para establecer medidas cautelares siguió el abogado particular Ricardo Degoumois y actuó el juez Gonzalo Basualdo.
El fiscal sostuvo que desde una fecha no precisada hasta el presente, Ramírez explotó económicamente con la colaboración esencial de su pareja, Laura Silguero, el ejercicio de la prostitución de su sobrina discapacitada con quien convive y es hija de Laura Silguero.
La víctima padece psicosis crónica y ha sido declarada persona con discapacidad por la jueza de familia en la fecha 1 de julio de 2015.
La víctima era prostituida en la vía pública a cambio de dinero, lo que ha podido corroborar al efectuar tareas de campo el personal de la Oficina de Trata de Personas, explicó Marichal. Concretamente el 18 de septiembre de 2019, a las 19:00 horas, se la pudo observar en compañía de otra mujer en calle 45 y 25, constatándose que a las 19:30 horas llegó un hombre con quien se dirigió hacia calle 35 al Sur, regresando 15 minutos después al mismo lugar. A las 20:05 se acercó a la víctima un automóvil con el que fue trasladada.
El 05 de octubre de 2019, cerca de las 19:30 horas, se la observó por calle 45 casi calle 36, y alrededor de las 20:00 horas se le acercó un hombre en una motocicleta y la llevó hacia un descampado por calle 36 de donde regresó 15 minutos después. A las 20:30 horas se estacionó un automóvil que subió a la víctima, la llevó también para el descampado y luego de unos minutos la regresó. Más tarde lo hizo otra persona en motocicleta.
El 06 de noviembre de 2019 se la observó cerca de las 19:20 horas nuevamente en calle 45 y 36, desde donde la llevó un hombre en moto hasta un descampado ubicado por calle 44.
El 07 de noviembre de 2019 personal de la investigación la vio nuevamente en el mismo lugar cerca de las 20:30 horas cuando fue llevada por otra persona en motocicleta hasta el descampado y regresó sola 15 minutos después.
El dinero obtenido por la víctima producto del ejercicio de la prostitución era entregado a Luis María Ramírez, quien administra los ingresos que ella obtiene también por su discapacidad y la asignación por sus hijos menores, siendo la cuidadora asignada su madre.
Ambos la amenazaban de muerte y con golpear a sus hijos; y además Luis Ramírez la golpeaba para que le entregue el dinero, corroborándose el 26 de julio de 2019 en el hospital que la víctima tenía lesiones en el rostro.
Siempre de acuerdo a la imputación, para el fiscal Marichal, Laura Silguero, resulta participe de la explotación económica que su pareja Ramírez, realizaba respecto a su hija, toda vez que si bien no es quien recibe directamente el dinero, es quien permite con su conducta activa y omisiva, dejando que Ramírez perciba el dinero de la casa, de su hija, nietos y suyo, a sabiendas de que esta ejerce la prostitución y obtiene un rédito económico, burlando el deber especial que le compete como guardadora especial de su hija discapacitada, prestando la colaboración necesaria.
Calificación “explotación económica del ejercicio de la prostitución de una persona, agravada por mediar violencias, amenazas, abuso de autoridad (relación de padrastro e hijastra), de una situación de vulnerabilidad (discapacidad de la víctima) y convivencia, en carácter de autor (Ramírez) y participe necesaria (Silguero)”, artículos 127 en función del inciso primero y segundo del Código Penal, contemplando una pena para ambos de 5 a 10 años de prisión.
La defensora pública no crítico las detenciones.
Qué dijo la madre acusada de semejante aberración contra su propia hija discapacitada:
“Tengo problemas de salud, tuve cáncer en el útero, vivo con un riñón y hace poco fui operada de una hernia, soy una mujer enferma, necesito tranquilidad, necesito estar con mis nietos e hijos”.
Luis Ramírez no quiso decir nada ante la jueza en esa audiencia imputativa.
AUDIENCIA CAUTELAR
El fiscal Marichal solicitó que Laura Silguero recupere la libertad por dos razones: primero porque estima que su rol sería de partícipe y no autora; y en segundo lugar por su estado de salud física y psíquica. Cree que irá también a una junta médica psiquiátrica y psicológica y por la cuestión familiar. Consideró Marichal inconveniente que la madre de la víctima este presa dado que además tiene hijos con la primera pareja e hijos con Ramírez, que es padrastro de la víctima, situación familiar bastante compleja.
Para Luis Ramírez pidió que quede en prisión preventiva lo que el juez Gonzalo Basualdo concedió sin plazo, pero dejó abierta la posibilidad de revisar la medida cautelar luego que la víctima se exprese en Cámara Gesell.
Degoumois, quien comenzó la defensa en la audiencia de medidas cautelares, estuvo de acuerdo en la libertad con restricciones de Silguero, pero pretendía evitar que Ramírez quede en prisión preventiva por considerar que el fiscal no dio suficientes fundamentos para justificar esa medida. Sugirió prisión preventiva domiciliaria con salidas laborales, pero luego de escuchar a las partes, el juez Gonzalo Basualdo resolvió prisión preventiva sin plaza para Luis Ramírez porque consideró que puede influir sobre el grupo familiar y testigos como por ejemplo los hijos de la víctima, no viendo así que exista el peligro de fuga; y libertad con restricciones para Laura Silguero, con prohibición de contacto con la víctima, sus hijos y testigos, presentarse cada 15 días a la Comisaria más cercana para dar su comparendo, evitar el consumo de estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. También ordenó la designación de un perito para la realización de la apertura de los celulares y que se escuche en Cámara Gesell el testimonio de los menores y de la víctima ya que tiene problemas de salud mental.