En una espantosa definición que, por estas horas ya no ofende ni sorprende a nadie, el gobierno de Javier Milei suscribe desde una insania mental que lo antecede de manera proverbial e inaudita la tipificación oficial atento a calificar de “débil mental, idiota e imbécil” establecida en una resolución sobre discapacidad y publicada en las últimas horas. Desde luego, la primicia no podía estar ajena al regocijo demencial del enano aspiracional que cada mañana es el encargado de difundir el último insulto al pueblo.
Tales afirmaciones se usaron para describir categorías en evaluaciones médicas para acceder a pensiones por invalidez laboral. Esta tarde, la Agencia Nacional de Discapacidad aclaró que “no hubo intención discriminatoria”.
Los términos aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) (captura Boletín Oficial).
A la par del boletín y sus singulares conceptos, se decidió intimar a todos los beneficiarios/as de pensiones no contributivas por invalidez, a instancia de cartas documentos que arribaron por Correo Argentino, la decisión de presentar nuevamente documentación, estudios y firmas de profesionales médicos conforme a revalidar trámites que ya fueron presentados y aprobados al tiempo de ser otorgado el beneficio previsional.
En tiempo de Mauricio Macri ya se avanzó con estas calamidades dejando fuera de beneficios vitales a gente que se movilizaba en muletas o sillas de ruedas. Las sutilezas de estas amputaciones de derechos, se vieron al tiempo que algún beneficiados de programas previsionales resultaba ser dueño de algún automóvil o elementos de valor, como una casa propia.
Solo en Villa Ocampo, sociedad que sostiene su economía con circulantes aportados en un 40 % por jubilados y pensionados, recibió más de 800 cartas documentos – 20.000 habitante – cuya intimación y en tiempos perentorios, todos están obligados a presentar nueva documentación medica – estudios – que acrediten su estado de salud justificando el beneficio recibido mensualmente.
El número de requerimientos agotó las consultas en el orden público y las demandas sobrepasaron la capacidad de atención en rigor del cumplimiento de los estudios exigibles. Por estas horas, personal hospitalario adelantaron que gran parte de esa atención habrá de hacerse en «clínicas y prestadoras privadas». En razón de tales exigencias, se estima que a cada pensionado le costará entre 150.000 y 180.000 pesos rearmar su carpeta médica conforme sostener un beneficio que de bolsillos, no superan los 180.000 pesos mensuales. Vienen por su único sustento.
Atento a lo cual, es de suponer que por fatiga física, impotencia o simplemente imposibilidad económica, más de la mitad de los 800 beneficiarios de Villa Ocampo quedarán fuera de la posibilidad de sostener sus ingresos mínimos y mensuales. Desconocemos que tipo de gestión o intento por neutralizar este genocida avasallamiento se está gestando o gestionando en organismo públicos, incluso, desde el ente municipal.